Para ello, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha presidido una reunión de coordinación y preparación de este seminario, que se celebrará el 22 de enero en el salón del trono. En ese encuentro también han participado la directora del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), Elena Mendoza, el director del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén, Pedro Pablo García; y el jefe de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, Juan Manuel Alarcón, según detalla en una nota de prensa la Subdelegación.

Esta jornada de formación está dirigida a profesionales en activo que trabajan en la información, atención y gestión de prestaciones para mujeres víctimas de la violencia de género y menores, en los ámbitos de los servicios sociales comunitarios y especializados y centros de atención a la mujer.

El objetivo que persigue es difundir entre el personal técnico la información sobre los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos sobre prestaciones de la Seguridad Social y Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Asimismo, se informará acerca de las prestaciones desde el Servicio Público Estatal de Empleo orientadas a víctimas de violencia de género.

Hasta el reciente cambio normativo, los niños cuyas madres son asesinadas son considerados huérfanos absolutos, es decir, de ambos progenitores, desde 2015, pero no se han eliminado los requisitos para adquirir las prestaciones. Para casos anteriores a 2008, la exigencia es que la madre hubiera cotizado 15 años o 500 días en un periodo ininterrumpido de los cinco años anteriores al asesinato. Tras 2008, quedó en que la mujer estuviera en el momento del fallecimiento dada de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada, por ejemplo, en situación legal de desempleo o en excedencia por cuidado de hijos. Esta situación ha llevado a que muchos huérfanos no hayan recibido las pensiones.

La nueva Ley acabó con estos condicionantes, con efecto retroactivo desde 2004, año de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y elevó la cuantía hasta un mínimo de 600 euros, cuando anteriormente era de unos 140, al pasar del 52 por ciento de la base reguladora al 70 por ciento. En caso de que la mujer no haya cotizado, se calculará en base al salario mínimo vigente.

"Es muy importante que los profesionales de en activo que trabajan en la información, atención y gestión de prestaciones para mujeres víctimas de la violencia de género y menores conozcan estos cambios normativos. Por eso, hemos visto conveniente organizar estar jornadas, que serán impartidas por especialistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social", ha asegurado la subdelegada, quien afirma que también han ampliado el programa con otra cuestión que consieran de interés y que son las prestaciones desde el Servicio Público Estatal de Empleo orientadas mujeres víctimas de violencia de género.