Ésta ha sido la tercera reunión de este órgano, de carácter consultivo y permanente, como ha indicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa. Este consejo está integrado por 20 organizaciones sociales, instituciones y partidos políticos.

En esta sesión, que se ha centrado en las políticas de vivienda, se ha aprobado un plan de trabajo que incluye un calendario de sesiones y jornadas temáticas que también abarcarán la movilidad, el turismo y la diversificación económica.

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, y el director general de Vivienda, Josep Maria Rigo, han expuesto los objetivos y estrategias del plan, que incluyen la regulación de usos no sociales de la vivienda, mediación con bolsa de permutas, creación de un observatorio de la vivienda, la limitación de precios del alquiler, programas de cooperativas de cesión de uso y un programa de aparcería urbana.

El diagnóstico de Cort en este plan resalta que la falta de vivienda pública de alquiler, el "éxito turístico" de la ciudad y las operaciones de "inversores oportunistas" están causando "una tensión inmobiliaria como nunca se había visto" en Palma, donde el precio del alquiler se ha incrementado más de un 50 por ciento en una década y el de venta, un 27,1 por ciento desde 2015.

Además, avisan de que el precio de la vivienda se ha convertido en un elemento determinante en el riesgo de pobreza. Más de tres cuartas partes de la población destinan más del 35 por ciento de su sueldo al pago de rentas de vivienda.

Cort también se plantea actuaciones en materia de rehabilitación y adecuación de viviendas, dado que un 63 por ciento de los hogares de Palma fueron construidos antes de 1980. Se contemplan, además de medidas sobre inmuebles de titularidad municipal, ayudas a la rehabilitación y proyectos para barrios. El plan detallado este jueves ante el Consejo también contiene un apartado para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad, como los casos de desahucio.

El Consejo de Modelo de Ciudad ha acordado crear una Comisión delegada en materia de vivienda que elaborará un informe para priorizar y aportar nuevas propuestas, como el desarrollo de mecanismos fiscales para desincentivar los precios abusivos y la especulación.