El PP pide a la Generalitat que aclare por qué "no se personó" en el caso por abuso del exmarido de Oltra y sí en otro similar

  • Trabajaba como educador en un centro de acogida y ha sido condenado a diez años de inhabilitación.
La vicesecretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas, atiende a los medios en imagen de archivo
La vicesecretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Elena Bastidas.
PPCV - Archivo

El PP en Les Corts ha registrado este martes la petición de una comisión de investigación para "evaluar y controlar" la política de menores del Consell, tras la sentencia que condena a cinco años de cárcel al exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, por abusar de una menor tutelada cuando trabajaba como educador de un centro de acogida de Valencia.

Los populares quieren que tanto la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, como el president, Ximo Puig, expliquen "por qué la Abogacía de la Generalitat no se ha personado en este caso y sí en otros como el de Segorbe (Castellón)". En este último caso, el educador acusado de abusos resultó absuelto por el juzgado.

La vicesecretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Elena Bastidas, preguntada por si cree que Oltra tiene una responsabilidad especial en este caso porque el condenado es su exmarido o por si debe explicar por qué no se han tomado "medidas tan contundentes", ha avanzado que están "evaluando" una serie de datos sobre este proceso y que los harán públicos cuando los tengan.

Eso sí, ha criticado que la Abogacía no se haya personado en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo en el caso de Segorbe, y ha mostrado su sorpresa por la ausencia de declaraciones de Puig.

Inhabilitación para trabajar con menores durante diez años

La sentencia de la Audiencia de Valencia condena al exmarido de Oltra a cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat en determinados periodos de tiempo entre 2016 y 2017, cuando ella tenía 14 años.

La sala, que le impone la petición reclamada por el fiscal, le prohíbe acercarse a la víctima o a su domicilio a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante una década. Igualmente, le impone la inhabilitación especial para la profesión u oficio que implique contacto con menores durante diez años, libertad vigilada durante cinco, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual, y una indemnización a la menor de 6.000 euros.

Tras hacerse pública la sentencia, Oltra afirmó este lunes que, cuando sea notificada, la conselleria instará al centro a que se aplique "en sus propios términos".

Mónica Oltra niega una doble vara de medir

Este martes Oltra ha desmentido que exista una doble vara de medir tras la sentencia y ha negado asimismo que haya responsabilidades políticas porque se trata de la actuación individual. Ante la petición del PP de crear una comisión de investigación, ha asegurado que ella "siempre" está disponible para dar explicaciones en Les Corts.

Respecto a la no intervención de la Abogacía de la Generalitat, ha aclarado que la situación en Valencia es "completamente diferente" a la de Segorbe, donde el centro pactó con el educador acusado también de abusos "despedirlo sin indemnización a cambio de no denunciarlo ni de informar ni a la Fiscalía ni a la Conselleria".

Del mismo modo, ha descartado responsabilidades políticas en este caso porque estas "se derivan de actuaciones políticas erróneas, no de actuaciones individuales como en este caso". Así, ha apuntado que ha habido una condena por el comportamiento de un individuo en un centro privado y "la responsabilidad es de la persona que en este caso ha sido condenada".

Asimismo, ha considerado correcta "en principio" la actuación de la dirección del centro "salvo la cuestión de no haber puesto el hecho inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía de Menores". A raíz de ahí, ha apuntado que se dictó una instrucción a todos los centros recordando que la legislación establece que estos casos deben comunicarse inmediatamente a Fiscalía con independencia del resultado de las evaluaciones de los profesionales.

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