La Generalitat empezará a conceder a partir de principios del año que viene 100 millones de euros en préstamos para fomentar la rehabilitación de edificios. Concretamente, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), se concederá un crédito mínimo de 30.000 euros por comunidad con un máximo de 20.000 euros por vivienda a un tipo de interés del 2% y con un periodo de amortización de 15 años.

Según ha explicado la directora de la Agència d'Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu, se podrán acoger aquellas comunidades constituidas que puedan acreditar una morosidad inferior al 5% en el último año, o como máximo del 8% en casos excepcionales. Los préstamos prevén tres líneas de actuación: las rehabilitaciones para resolver problemas de seguridad del edificio que puedan afectar a su estabilidad; la mejora de la eficiencia energética y facilitar la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas.

Préstamos a devolver en 15 años 

Gifreu ha comentado que se prevé una línea de financiación general para comunidades de propietarios y otra más favorable para comunidades más vulnerables. Los préstamos se tendrán que devolver en un plazo máximo de 15 años y permitirán, según la directora de la Agència d'Habitatge de Catalunya que las obras puedan empezar enseguida.

En este sentido, Gifreu ha comentado que se "dará respuesta" a un problema que se da habitualmente, el de las comunidades que no asumen la Inspección Técnica de Edificios (ITE) porque las actuaciones posteriores son obligatorias y no todos los propietarios pueden asumir las derramas.

En caso de acogerse a subvenciones, estas no se materializaban hasta que la obra se había acabado, de forma que los propietarios tenían que avanzar el dinero. Una vez concedidos los créditos, los beneficiarios tendrán que empezar los trabajos en un plazo máximo de ocho meses y acabarlos en dos años.

Entre el 2011 y septiembre de este año, se han llevado a cabo 70.214 ITES a un total de 702.000 viviendas en Cataluña, cifra que representa la mitad del parque de edificios que está obligado a pasarla (los de más de 45 años de antigüedad). En 2018, el número de inspecciones se disparó hasta las 29.686 como efecto de una campaña del año anterior, cuando se hicieron 9.066 revisiones. Este año se han hecho 9.373, según la Agència d'Habitatge de Catalunya.

El secretario de Hábitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha lamentado que la financiación procedente del Plan Nacional de Vivienda del gobierno español, de 50 millones de euros anuales, es insuficiente para atender las necesidades en rehabilitación y promoción de vivienda de protección oficial y que esta circunstancia obliga a buscar "fórmulas muy imaginativas", en un contexto, además, de prórroga presupuestaria.

La mitad de las comunidades pasan la ITE

Serra, por otro lado, ha celebrado que en tres o cuatro años se haya incrementado hasta el 50% el número de comunidades que han pasado la inspección. De hecho, el director de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda, Jordi Sanuy, ha dejado claro que por parte de la Generalitat no hay voluntad sancionadora de cara a las comunidades que no hagan las actuaciones pertinentes después de pasar la ITE y que solo hay una docena de expedientes abiertos actualmente.

Por su parte, el director adjunto de la la Agència d'Habitatge de Catalunya, Jaume Font, ha destacado la necesidad de impulsar un "cambio cultural" para que las comunidades de vecinos se atrevan a pedir estos préstamos y hacerlo extensivo a agentes de fincas, arquitectos y aparejadores. En este sentido, el gasto en rehabilitación en vivienda es de 700 euros al año ante los 1.400 de la media europea.

700.000 edificios con más de 40 años de antigüedad

Actualmente, en Cataluña hay un parque residencial de 3,9 millones de viviendas y de estas, 1,1 millones corresponden a edificios construidos. De este porcentaje, según Serra, el 65% -unos 700.000- son edificios con más de 40 años de antigüedad.

Esta nueva línea de financiación del Instituto Catalán de Finanzas se suma a las ya existentes de 110 millones de euros para la adquisición por tanteo y retracto por parte de ayuntamientos y entidades y a los 140 millones de euros para la promoción de vivienda de protección oficial dirigida a ayuntamientos y promotores.