Así lo ha avanzado este lunes el conselleiro de Economía, Francisco Conde, en declaraciones a los medios en Santiago, tras participar en un encuentro con el grupo local en defensa de la continuidad de la planta. En esta cita también han estado los propios Feijóo y González Formoso, así como miembros del comité de empresa de la central, transportistas y auxiliares.

Al respecto, Conde ha señalado que se va a trasladar ante el Ministerio y Endesa "la necesidad y la urgencia de que se tomen medidas" para "garantizar la continuidad de la planta". "Hay una posición clara de que la central de As Pontes no puede cerrar", ha dejado claro.

Todo ello, después de que Endesa haya fijado el año 2022 como fecha límite para eliminar el carbón, con el consecuente aceleramiento en el cierre de la térmica de As Pontes.

Con todo, posteriormente, el regidor pontés ha explicado que no tiene confirmación "oficial ni oficiosa" sobre ese encuentro, que según el conselleiro "está confirmado", aunque sin fecha cerrada.

LAS PRUEBAS SON "TÉCNICAMENTE VIABLES"

Por su parte, el alcalde de As Pontes ha asegurado haber tenido acceso a "los datos" de las pruebas realizadas por la propia central térmica en las que se evalúa el uso de biocombustibles para reducir el carbón.

Afirma que "las pruebas son viables desde el punto de vista técnico", mientras que "desde el punto de vista económico hay que evaluarlo", para lo que "se necesita un poco más de paciencia".

"Esos biocombustibles proceden del mundo rural gallego y se necesita ver la escala, la localización de los mismos, la logística y el comportamiento de los mismos desde el punto de vista logístico", explica González Formoso. "Con lo cual, no se puede llegar a una conclusión en tres días de prueba, no es justo y es un engaño a la ciudadanía", sentencia.

Además, ha alertado de la "preocupación" en Galicia "sobre la garantía de suministro si cierra una central térmica de 1.400 megavatios".

"NINGUNA DECISIÓN PUEDE TENER IMPACTO EN EL EMPLEO"

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha demandado que la central reactive su actividad, al tiempo que se evalúa cómo reducir el carbón y el precio de la energía para que la planta "sea competitiva". Todo ello, para "dar una respuesta a 700 familias" cuyos puestos de trabajo dependen de esta decisión, con el fin de que haya "una transición justa".

En esta línea, la Xunta reclama que el Gobierno central "tome decisiones en la misma medida que se están tomando en el resto de Europa", pues "el resto de países europeos está manteniendo la actividad de sus centrales". "Ninguna decisión puede tener un impacto negativo en el empleo", avisa.