Según ha informado la portavoz de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Mallorca, Ángela Pons, el abogado de la entidad y la coordinadora de la Oficina Antidesahucios de Palma, Margalida Cladera, se han personado por la mañana en el Juzgado para reclamar que se concediera al afectado un aplazamiento de 30 días previsto en la ley.

Aunque para entonces ya se había logrado el aplazamiento, la PAH ha mantenido la convocatoria de concentración a las 12.00 horas en la calle Francesc Suau de Palma.

Según han indicado desde la PAH, el afectado es Ramón F.M., un pensionista de 78 años que lleva 51 años viviendo en el domicilio y que no debe ningún recibo. El problema es que la titular del contrato de arrendamiento era su mujer, que murió hace una década, y la ley da tres meses para subrogar el contrato.

El viudo no modificó el contrato porque desconocía la norma, según la PAH. Sin embargo, siguió pagando la renta, por lo que desde la PAH cuestionan que se le desahucie en 2019 por no ser el titular del contrato, cuando el arrendador ha seguido cobrando el alquiler durante diez años de forma pacífica.

Además, desde la PAH han indicado que el propietario del inmueble posee también otras viviendas de la finca y otros dos edificios continuos, y que también está desahuciando a los otros vecinos. Además, aseguran que tiene un total de 33 pisos registrados a su nombre y que en la misma finca cuenta con "pisos vacíos desde hace más de dos años". Por ello, la plataforma cree que su objetivo es "especular" con estas viviendas.

Igualmente, la entidad ha criticado que el casero no quiso negociar un aumento del precio -una familiar y una conocida del inquilino ofrecieron a Ramón aportar económicamente para costear hasta un 50 por ciento del coste- y que no ha dado otra alternativa que el desahucio. El propietario actual es hijo y heredero del dueño original, que fue quien firmó el contrato de arrendamiento con el matrimonio.

La PAH ha alertado de que Ramón no tiene "ninguna otra posibilidad de vivienda digna" puesto que Palma es una de las ciudades con el alquiler más caro de España. "Con 800 euros al mes, ¿dónde va a vivir?", se ha preguntado Pons.

Desde la PAH no ven técnicamente viable impedir el desahucio, por lo que a lo largo de estos 30 días trabajarán en hacer "presión" a las instituciones para que faciliten al afectado una alternativa habitacional.

LEGISLAR SOBRE CASOS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

La PAH ha avisado de que este tipo de casos relacionados con grandes propietarios se están "acumulando". "Con el mero propósito de la especulación se está echando a familias que nunca han debido nada", ha denunciado Ángela Pons. Como ejemplos, ha mencionado un futuro desahucio de una mujer de 72 años con cáncer, y ha resaltado que en el barrio de Santa Catalina "han echado a mucha gente mayor".

La plataforma considera que la ley "está premiando a la especulación" e "ignorando" a los ciudadanos. Entienden que este tipo de casos "deberían estar legislados", para proteger a personas de especial vulnerabilidad, especialmente cuando han cumplido con los pagos y teniendo en cuenta que, en el caso de Ramón, el propietario posee otras viviendas, por lo que entienden que el arrendador no puede alegar necesidad.

Para la PAH, estas situaciones "se tendrían que contemplar en una ley que prohibiera esta inhumanidad". "Un desahucio es algo aterrador", ha apostillado Pons.

Además, Pons ha criticado que la administración está funcionando "a paso de tortuga" desde la aprobación, hace ya más de un año y medio, de la Ley balear de Vivienda. "Los ciudadanos quedan al amparo de estos grandes propietarios, que hacen lo que les da la gana", ha lamentado.