Una de las pocas instituciones del Estado que se había quedado al margen de la complicada situación política actual acaba de caer también en la división. En este caso, ha sido el Tribunal de Cuentas y la división ha llegado ante la decisión de un sector de los consejeros de aprobar un informe en contra del Banco de España por su cálculo hecho de las ayudas que se dio a las entidades financieras. La diferencia entre los cálculos que hacen las dos instituciones es de casi 30.000 millones de euros, lo que ha aumentado los motivos de sospecha. Así, para el Banco de España, el coste de las ayudas del Estado a la banca ha ascendido a unos 42.000 millones de euros. Sin embargo, según el documento elaborado por el consejero del Tribunal de Cuentas Javier Medina, y aprobado por parte del pleno, el coste –incluyendo los riesgos- se habría disparado hasta los 71.000 millones de euros.

El informe ha generado la ruptura de la habitual unanimidad en las votaciones del plenario, ya que suelen abordar informes que han sido elaborados exclusivamente con criterios técnicos. En este caso, en el plenario del jueves el informe salió adelante con tres votos del PSOE , el del propio Medina , la presidenta y el Fiscal. Por su parte, cinco consejeros en su momento propuestos a instancias del PP se abstuvieron. Medina entró en el Tribunal a propuesta del PP pero, según fuentes de esta institución, su desmarque de este partido habría llegado al no ser propuesto por ellos como sucesor de Ramón Álvarez de Miranda en la presidencia del Tribunal de Cuentas. Finalmente, la presidencia recayó en María José de la Fuente, en vez de en Medina, que en su momento estuvo en el centro de otra polémica del Tribunal de Cuentas por acusaciones de contratación de varios familiares.

Además de la falta de unanimidad al aprobar un informe abiertamente crítico con otra institución del Estado como el Banco de España, otro motivo que ha acrecentado la alarma dentro del Tribunal de Cuentas es la posible utilización previa de datos clave del informe, incluso antes de que estuviese oficialmente completado. Apuntan así a la cifra de 71.000 millones de euros aprobada este jueves como coste de las ayudas públicas a los bancos, que en teoría es una novedad surgida de nuevos cálculos. Sin embargo, Vox ya la usó hace más de un mes, durante la campaña electoral. Lo hizo la dirigente Rocío Monasterio, durante el debate que celebraron en Antena 3 las portavoces de los partidos. Fuentes de la institución apuntan a que la filtración podría haber llegado a través de familiares de responsables del Tribunal de Cuentas.