Según ha informado la entidad en un comunicado, consideran que de otorgarse, sería un acto "nulo" y con "numerosos incumplimientos" de la legislación de Costas, además de poderse cometer "un presunto delito de prevaricación".
Por ello, han presentado un escrito a la Dirección general de Sostenibilidad de Costas detallando las infracciones a la ley que supondría esta concesión.
En concreto, la entidad postula que sería un incumplimiento del Reglamento general, puesto que a partir de éste el plazo máximo de resolución y notificación de los expedientes de concesiones es de seis meses y en este expediente, dicen, ya se ha superado el plazo máximo de seis meses -desde que se inició en 2010-.
Por otro lado, el artículo 69. 1 y 69. 2 prevé las ocupaciones siempre que se justifique la imposibilidad de estar emplazados en los paseos marítimos o fuera de la playa. Sin embargo, dicen desde la entidad, éstos "no estarían ubicados en la playa sino en la zona marítima-terrestre definida por el artículo".
Además, defienden que según la ley, el Ayuntamiento de Alcúdia no puede ser el adjudicatario de estas ocupaciones e instalaciones sin haber sido previamente convocada por la administración de Costas un concurso para su adjudicación.
Por último, la entidad ecologista dice que para llevar a cabo la concesión se tendrían que demoler bloques de edificios residenciales y de comercios, viviendas unifamiliares y abrir para el tráfico público más de dos kilómetros de zonas ajardinadas privadas cerradas en una anchura de seis metros para poder garantizar el tráfico.
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