La diputada provincial de Cs, Carmen Santa María Almansa, ha defendido esta moción que recuerda "el derecho a acceder a los servicios financieros", que según el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, "se encuentran incluidos entre los servicios económicos considerados de interés general por la incidencia que tienen en la vida cotidiana de las personas y por ser una herramienta necesaria para el ejercicio de algunos derechos fundamentales".

Tal extremo le ha llevado a recordar que desde 2008 hasta 2017, y según datos del Banco de España, Andalucía ha perdido 2.550 sucursales bancarias, lo que ha supuesto que en la provincia de Sevilla haya actualmente cuatro localidades cuyos habitantes, en total 4.522 personas, no tienen acceso a dinero en efectivo en las mismas.

En este contexto, ha señalado que el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario (Cádiz), con 457 habitantes, firmó un convenio con la multinacional "Cardtronics" para instalar un cajero en el pueblo, asumiendo el coste del citado servicio con una estimación de 300 euros al mes.

Por eso, la moción proponía que la Diputación crease una línea de ayudas para pequeños municipios sin servicios financieros que concertasen la instalación de un cajero automático con una entidad financiera, subvencionando "al menos el equivalente a los costes previsionales generados por la instalación y el mantenimiento del cajero automático una vez detraídos los ingresos previsionales generados por el volumen de negocio".

La moción ha contado con enmiendas del PSOE y Adelante, ambas aceptadas por Cs, tras las cuales la moción apuesta por poner en marcha lo antes posible la Oficina contra la Despoblación promovida por la Diputación provincial y que la misma acometa un estudio sobre la "situación real" de los municipios de la provincia sin servicios financieros, pues según el PSOE pueden ser "incluso más" de cuatro, y "conocido el mapa de necesidades de servicios financieros en la provincia, establecer la estrategia a seguir para paliar esta situación".