La moción ha contado con el apoyo de los diputados de Partido Popular-13- y Ciudadanos-2- y con el voto en contra de los diez representantes el PSOE ya que, como ha explicado su portavoz, Máximo San Macario, desde su partido entienden que la moción solo es un "alegato político" por parte del PP.

El pleno se ha celebrado a partir de las 10.00 horas en el Palacio Provincial y ha estado presidido por el presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, del PP.

Por su parte, San Macario ha asegurado que la moción no es más que un "corta y pega" de lo que ha presentado el partido en otras provincias y ha reprochado a Ciudadanos que se adhiera a la moción planteada por el PP.

San Macario también ha manifestado que su partido no esta en contra de la educación concertada, pero el grupo en la Diputación se ha mostrado en contra de la moción por el carácter partidista de la misma y ha pedido a sus adversarios que apelen de la misma forma al constitucionalismo en casos como el ocurrido con el manifiesto de El Espinar el 25N, firmado por PP, Cs y Vox, en el que se pedía la derogación de la Ley de Violencia de Género, entre otras premisas.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación, José María Bravo (PP), ha defendido que las normas actuales han funcionado "muy bien" en Castilla y León y ha recordado que la Comunidad Autónoma siempre es una de las mejor posicionadas en los diferentes informes de evaluación, como también ha recordado que la libertad educativa se recoge en el artículo 27 de la Constitución, ante lo cual ha pedido el apoyo a la moción de todos los grupos, "por la libertad", ha expresado.

En la segunda ronda, Bravo ha calificado las declaraciones de la ministra como "bochornosas" y la ha acusado de "embarrar" la situación "cada día más", así como ha defendido que la libertad educativa tiene que ser "igual" para todos los españoles.

La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, también ha defendido el derecho a elegir de los padres y la educación concertada, sobre la que ha recordado que se inició en 1985 de la mano del gobierno de Felipe González (PSOE), así como ha defendido lo reflejado en la Constitución, señalando también el artículo 27.