La diputada de JxCat Laura Borràs aseguró a su "amigo" Isaías Herrero, adjudicatario de casi una veintena de contratos informáticos del Instituto de las Letras Catalanas (ILC) mientras ella era directora, que no se preocupara por unos presupuestos que se estaban tramitando en 2015 porque tenía el "dinero reservado" para pagarle los servicios. 

Así consta en uno de los correos electrónicos que se incluyen en la exposición  razonada que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, elevó el pasado 30 de octubre al Tribunal Supremo, solicitando que abra la causa contra Borràs por los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. 

Falsificación de presupuestos 

La juez indica que, de las actuaciones practicadas, se desprende que Borràs, entre los años 2013 y 2017, "abusando" de su condición de directora del ILC, "participó material y directamente" en la adjudicación "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática" en favor de Herrero, también investigado por estos hechos en el juzgado de Barcelona y con el que se ha acreditado que tenía una "relación personal y profesional". 

En este sentido, la instructora destaca que Borràs actuó "de común acuerdo" con Herrero "para defraudar" al ILC "mediante el fraccionamiento ilegal" de los contratos mediante la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público". A través de contratos a otros proveedores, en realidad se adjudicaban a Herrero, aclara la exposición razonada. 

La juez reproduce numerosas de las diligencias practicadas por los investigadores  incluye una serie de correos electrónicos de ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borràs. Uno de ellos son los e-mails enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto". 

También otros e-mails que fueron cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017, en los que Borràs explica que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".  

Otra de las conversaciones que la magistrada considera importantes es la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que factura unos 'trapis por allí', en alusión al ILC y que tiene que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución. 

Con todo ello, la juez de Barcelona asegura que la portavoz del partido de Carles Puigdemont "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago". 

De hecho, señala que Herrero y Borràs pactaban el precio del servicio prestado, "partiendo del presupuesto inicial a desembolsar en su totalidad pero fraccionándolo en pagos inferiores a 18.000 euros" para evitar que la adjudicación se hiciera a través de concurso público. De este modo, se presentaban facturas con conceptos e importes "inventados". El importe total de los contratos adjudicados por ILC a Isaías Herrero es de 259.863 euros sin IVA.