Se trata de algunas de las conclusiones y recomendaciones de un estudio del Eixo Atlántico, entidad que aglutina a los 34 principales municipios del Norte de Portugal y de Galicia. El informe ha sido presentado este martes en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, y en él se analiza el impacto del turismo en la morfología urbana de los municipios que forman parte de este área territorial.

El documento confirma que el crecimiento de los alojamientos turísticos ha impactado "de forma notable" en los diferentes espacios y barrios de algunos municipios. Una de las autoras, Ana Carricoba, ha apuntado que la "confusión" con las diferentes tipologías y la falta de instrumentos legales y reglamentarios han facilitado la penetración de este tipo de oferta y "una sensación de saturación turística" entre los ciudadanos.

A diferencia de España, en Portugal existe una regulación homogénea por la que el Estado dota de competencias a las diferentes cámaras municipales y así "establecer una contención de los alojamientos". En Galicia se ha intentado abordar esta nueva tipología mediante la Lei de Turismo y el decreto 12/2017, mientras que Santiago ha sido el único municipio que ha establecido una limitación a través de la modificación del Plan Especial del Casco Histórico.

Es por ello que el informe considera necesario "aclarar este marco competencial" para hacer frente a la sensación de "inseguridad jurídica" respecto a la normativa, a través de una ordenanza tipo que se adapte a las particularidades de cada municipio, en la que será "fundamental" el trabajo de la Fegamp y del propio Eixo Atlántico.

MEDIDAS DE CONTROL

Otra de las autoras del texto, Ana Luisa Ladeiras, ha advertido de que las nuevas generaciones quieren compartir y la economía colaborativa ha llegado "para quedarse", situación que en el caso de los pisos turísticos ha llevado a incrementos de precios del alquiler, menor oferta de este parque de viviendas para residentes y estudiantes, y una expulsión hacia las zonas periféricas o limítrofes.

Ante esto, ha considerado importante incrementar la cooperación regional y entre corporaciones locales, para compartir experiencias y buenas prácticas. Es por ello que la planificación turística resulta fundamental, puesto que la mayoría se dedica "a la promoción y al márketing.

Las medidas propuestas inciden en una política municipal de vivienda que tenga en cuenta todas la lógica, el impacto y la disponibilidad de plazas, abordándola en su conjunto, al tiempo que se toman medidas de control de las habitaciones y alquiles.

Obligar a tener números de registro o licencia a las plataformas y propietarios, control de huéspedes y de seguridad, y medidas de fiscalidad son algunas de las posibilidades que apunta el informe, que incluye también acciones compensatorios por los efectos de la masificación turística.

Entre ellas, la implantación de una tasa turística de forma pedagógica y que se pueda reinvertir en los propios barrios y en políticas de mejora urbanística o cultural, o aprovechar fórmulas de economía colaborativa para incrementar las viviendas destinadas a estudiantes.

BUGALLO APUNTA A LA XUNTA

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha reconocido la importancia de este tipo de oferta turística pero ha arremetido contra la "falta de coordinación" con la Xunta y la ausencia de control, que lleva a la existencia de cerca de 800 o 9000 pisos turísticos "sin autorización de ningún tipo" en la ciudad.

El regidor ha advertido de que esta afluencia esta creando efectos "contraproducentes" para el interés general y que existen "dificultades" y quejas en barrios como el de San Pedro, a las que el gobierno local "no puede permanecer ajeno". Bugallo ha apuntado, así, a la Xunta y a la necesidad de reforzar las inspecciones y de una regulación.

En estos términos se ha pronunciado el secretario del Eixo Atlántico, Xoan Vázquez Mao, quien ha reconocido que ya advirtió a la Consellería de Cutura e Turismo de la urgencia de fortalecer la "inspección turística", que "hace dos años que no funciona".

Así, ha insistido en que la disfunción de la labor de inspección se une a que las sanciones y la legalidad castiga "a los que declaran", y que ante la falta de controles "no se penaliza" a los que cuentan con estas viviendas en situación irregular.