El Observatorio, a través de un comunicado, ha denunciado que en nuestra región la violencia ejercida contra las mujeres por razón de su género "es la violación de derechos más repetida en la sociedad y la que afecta a un mayor número de personas".

Por este motivo "considera prioritario destinar recursos públicos suficientes para el cumplimiento de las medidas acordadas en el Pacto contra la Violencia de Género de competencia regional, así como favorecer el acceso de las víctimas a las ayudas regionales sin necesidad de sentencia aunque con documentación acreditativa de su situación, y mejorar las dependencias de los juzgados para evitar el contacto entre víctima y agresor".

Para el organismo adscrito a la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, "resultan claves las políticas públicas sobre violencia sexual, cuyas denuncias van en aumento, y mejorar la atención a las víctimas creando centros de atención integral y protocolos de actuación para profesionales".

El Observatorio de Derechos Humanos señala también "como imprescindibles las políticas de prevención de este tipo de violencia, poniendo el acento en la necesidad de políticas de educación afectivo-sexual en todos los niveles educativos".