Así figura en un escrito, fechado el 13 de noviembre y consultado por Europa Press, en el que el director de la Agencia Antifraude da cuenta de que el pasado 8 de septiembre de 2018 y el 15 de mayo de 2019 se presentaron ante este organismo denuncias relativas a "determinadas irregularidades" cometidas en el seno de la Dirección General de Política Lingüística de la Conselleria de Educación en la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano en los medios de comunicación.

Estas denuncias motivaron la apertura de dos expedientes en la Agencia. Los denunciantes apuntaban a supuestas irregularidades en la justificación de las ayudas otorgadas desde la Conselleria en las anualidades 2015 a 2018.

Ahora, Antifraude solicita información al juez tras haber tenido conocimiento de que se ha abierto un procedimiento judicial sobre la cuestión. El organismo de control que dirige Joan Llinares recuerda que, según su ley de creación, la Agencia "no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial, ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones".

"En caso de que la autoridad judicial o el ministerio fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos que constituyen, al mismo tiempo, el objeto de actuación de investigación de la Agencia, esta deberá interrumpir sus actuaciones", añade la norma.

CAUSA COMPLEJA

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 4 de València ha declarado compleja la causa en la que se investiga a Francisco Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al valenciano.

La causa fue abierta por un posible delito de malversación en mayo de 2019 y parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a mercantiles que habrían recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 "sin ningún tipo de control".

En concreto, en la querella, firmada por la diputada 'popular' Eva Ortiz, se solicitaba el inicio de una investigación penal para analizar la documentación que acreditara la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que "no se cumplían los requisitos exigidos".

También se pedía investigar "las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones".

Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs (Castellón) -ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella- pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial. Posteriormente, se presentó en València y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó que debía quedarse la causa en València.