El fiscal, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita la nulidad y cesación de determinadas prácticas y cláusulas, así como la condena a implementar una serie de garantías e informaciones a los usuarios. Se interesa, así mismo, un plazo máximo de tres meses para cumplimiento de la sentencia con multas coercitivas de 60.000 euros para cada día de retraso. En caso de persistir en el incumplimiento, se requiere la interrupción de la prestación del servicio en España.

La Fiscalía abrió una investigación tras denuncias presentadas por la Unión de Consumidores de Valencia, el Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, así como por particulares que iban a asistir al concierto de U2 en Madrid y a otros eventos y que habían comprado entradas a través de la plataforma