El TACPA ha anulado la contratación del servicio de parques y jardines al considerar los recursos de algunas compañías, también aspirantes -como Perica y FCC-, que aludían a que la ponderación de las ofertas de las empresas clasificadas entre el primer y octavo lugar no se ajustaba a lo establecido en los pliegos de condiciones.

Asimismo, el TACPA tiene pendientes de resolver dos recursos más de otras empresas y en función de la resolución el Ayuntamiento podría acudir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

A este respecto, Natalia Chueca ha reconocido decantarse por unos nuevos documentos. "Dado que con estos pliegos no estamos confortables, unos nuevos es la opción por la que me decantaría", ha apuntado.

En cuanto al desarrollo de los mismos, Chueca ha asegurado que el Gobierno municipal PP-Ciudadanos es el "primer interesado" en correr al máximo y que los plazos sean breves.

"Los tribunales son camino muy largo y lo mejor son unos buenos pliegos con ayuda externa, si hiciera falta, y eso nos dará una fecha que podamos manejar nosotros más que los tribunales. Además permitirá mejorar las infraestructuras verdes de la ciudad para introducir mejoras que no se habían considerado y que ha dado lugar a problemas", ha señalado.

"LA CULPA DE CUBERO"

En concreto, una de las mejoras a las que ha aludido Chueca es la recomendación de la Unión Europea de que los grandes contratos se fraccionen por lotes para favorecer la concurrencia de empresas y así prestar mejor servicio lo que, a su juicio, no realizó su predecesor en el cargo, Alberto Cubero. "El sabrá si no lo hizo por sus cuestiones ideológicas o laborales", ha añadido.

Chueca ha criticado que Cubero, "crispó y gestionó el área de parques y jardines no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", sino que "su única obsesión era municipalizar servicios técnicos y creó grandes conflictos con la adjudicataria anterior".

La consejera municipal ha instado a responsabilizar a Cubero de su "incompetencia en la gestión del área", cuyos efectos asegura que continúan. "Recogemos los frutos de esa mala gestión o déficit o incompetencia de gestión que pagaremos todos con el dineros de nuestro bolsillo".

NEGOCIAR CON FCC

Desde que el último contrato con FCC, venciera el pasado 31 de diciembre de 2017, se han ido abonando los reconocimientos de obligación por este servicio que ascienden a unos 8 millones de euros en estos dos años.

"Se paga por todos los ciudadanos y se podría haber evitado si se hubieran creado unos pliegos para mejorar la ciudad en lugar de crear conflictos laborales", ha considerado la responable de Servicios Públicos.

A este respecto, Chueca ha informado que ha intentado contactar con el responsable de FCC para "negociar" un precio por este servicio mientras se resuelve judicialmente. "Todo lo que sea ahorrar dinero a la ciudad lo haré, sin duda, porque la situación de dispendio por decisiones ideológicas es bastante elevada".

En este sentido, ha destacado que el modo de gobernar de ZeC en el anterior mandato no será la forma de gestionar esta cuestión de PP-Ciudadanos. "Miramos el bien de la ciudad y no tenemos compromisos ni sectarismos, ni nos debemos a los sindicatos, ni a las grandes empresas. Mi gestión es libre porque el objetivo es lo mejor para los ciudadanos y Zaragoza. Trabajaré y también mis técnicos en lo que beneficie a la ciudad y con el mínimo coste", ha dicho.

Sobre la posibilidad de haber parado la adjudicación, Chueca ha argumentado que los pliegos técnicos ya estaban en un proceso de licitación avanzado que había iniciado el gobierno de ZeC después de venciera la contrata anterior gestionada por FCC. "No podemos echar informes atrás que están en la mesa de contratación".

El pliego de este servicio también fue recurrido en su día por las empresas, por las cláusulas sociales y laborales que incluye, además de mejoras ambientales, pero el TACPA dio la razón al Ayuntamiento.