Las claves de los ERE de la Junta: un sistema "arbitrario" que perjudicó a los parados andaluces

Manuel Chaves llega a la Audiencia de Sevilla para conocer la sentencia de los ERE.
Manuel Chaves llega a la Audiencia de Sevilla.
EUROPA PRESS
Manuel Chaves llega a la Audiencia de Sevilla para conocer la sentencia de los ERE.
Manuel Chaves llega a la Audiencia de Sevilla.
EUROPA PRESS

La sentencia de la pieza política de los ERE condena a la cúpula de la Junta entre los años 2000 y 2009, nombres históricos del socialismo andaluz, por crear un "sistema" para el pago de ayudas a empresas en crisis que eludía todos los controles previos, lo que generó, en última instancia, un menoscabo de 680 millones de euros de fondos públicos. Pero, ¿en qué consistía ese sistema ideado por los políticos?, ¿dónde fueron a parar esos fondos? Estas son las claves del fallo.

El sistema

Transferencias de financiación. La sentencia explica que hasta mediados del año 2000, la Junta abonaba las ayudas a empresas en crisis a través de la Consejería de Empleo, con los controles pertinentes. Pero se llevaron a cabo varias modificaciones presupuestarias para crear un "sistema distinto" que sirvió para eludir la "fiscalización previa por parte de la Intervención".

Las subvenciones pasaron entonces a abonarse a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después convertido en la Agencia IDEA, por orden de la Dirección General de Trabajo, que "carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones". El método para hacerlo eran las transferencias de financiación, fondos que pasaban de Empleo al IFA "sin control". 

El fallo incide en que las modificaciones que se llevaron a cabo no eran necesarias para abonar las subvenciones, pero, de no haberlas hecho, la fiscalización de las ayudas habría sido inevitable.

Controles. Pese a la ausencia de fiscalización, la sentencia alude a varios informes de la Intervención, en los que se alertaba "reiteradamente" de las irregularidades y del "uso indebido de las transferencias de financiación". Documentos que los condenados declararon no conocer durante el juicio. El fallo, en cambio, afirma que sí tenían conocimiento de los mismos.

Dinero

Intrusos. "Las consecuencias económicas para los fondos públicos de la Junta de Andalucía fueron claras e importantes", manifiesta el juez. En concreto, el fallo cifra en 680 millones de euros el dinero defraudado. Además, continúa la sentencia, al no haberse publicado las bases reguladoras de las ayudas y al no seguirse el procedimiento adecuado, "un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o situaciones de crisis empresarial" estuvieron "privados de su derecho a acceder a estas ayudas".

Igualmente, ante la ausencia de mecanismos de control, afirma el juez, hubo personas que recibieron ayudas por trabajar teóricamente en empresas a las que "nunca pertenecieron". Son los conocidos como intrusos de los ERE.

Otros fines. Por último, dice el fallo que los fondos del programa juzgado también se emplearon en otro tipo de fines, como el abono de campañas de comunicación de dos empresas, el programa de formación del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo de Almería o la financiación de 16 muestras de artesanía.

Acusados

Exconsejeros. Además de lo sentenciado contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el fallo de la pieza política de los ERE afirma que el resto de los acusados eran conocedores de los hechos juzgados. En concreto, apunta a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández -este último, presidente también del IFA- como responsables del convenio marco de colaboración para la materialización de las ayudas irregulares. 

En cuanto a Magdalena Álvarez, el juez la sitúa como responsable de la elaboración y gestión de los presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas. 

De Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia y mano derecha de Chaves, concluye el magistrado que presidía las comisiones por las que pasaban todos los expedientes de modificación presupuestaria y que "participó" en su aprobación. Además, añade el tribunal, conocía la regulación legal de las ayudas y "no es que se apartara del citado marco legal, sino que era contrario al mismo".

Guerrero. El ex director general de Trabajo, considerado uno de los mayores implicados en la trama, era el encargado de firmar los convenios con el IFA para la concesión de ayudas, algunas de las cuales se concedieron a amigos y familiares suyos. Cabe recordar, además, que su exchófer declaró que parte del dinero de los ERE se lo gastaron ambos en "cocaína".

Empresas

"Enriquecimiento". La sentencia conocida este martes determina que, "en las subvenciones sociolaborales, el beneficiario real era la empresa y no los trabajadores". Además, "no consta en los expedientes" que existiera "ningún análisis económico" que pusiera de manifiesto si estas ayudas "eran procedentes" en función de las "circunstancias del beneficiario". Se refiere con esto la sentencia a que la empresa que recibía el dinero de la Junta "no tuviera capacidad económica para hacer frente a las obligaciones" asumidas finalmente por la Administración autonómica.

Y esto, "en definitiva", concluye la sentencia de los ERE, "permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajenos a cualquier interés social o público debidamente acreditado".

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