Griñán engrosa la lista de expresidentes autonómicos condenados a penas de cárcel por corrupción

Matas, Hormaechea y Urralburu
De izquierda a derecha: Jaume Matas, Juan Hormaechea y Gabriel Urralburu
AGENCIAS

Jose Antonio Griñán ha sido el último en unirse a la cada vez más nutrida lista de expresidentes autonómicos condenados a penas de cárcel por corrupción. Los seis años de prisión que establece la sentencia para él le incluyen en el cada vez más numeroso grupo de exgobernantes autonómicos condenados por corromperse.

Manuel Chaves, su predecesor en la jefatura de la Junta de Andalucía -cargo que ocupó durante 19 años-, ha sido sentenciado a 9 años de inhabilitación especial pero eludirá la prisión.

Antes que Griñán, pasaron por el mismo trance otros cinco expresidentes autonómicos: Gabriel Urralburu (PSOE, Navarra), José Marco (PSOE, Aragón), Juan Hormaechea (AP, UPC, Cantabria), Jaume Matas (PP, Baleares) y José Luis Olivas (PP, Comunidad Valenciana).

El periplo judicial y penitenciario que afrontaron ellos puede servir como pista de lo que le espera a Griñán en los próximos años. 

De sus cinco predecesores, solo dos pisaron la cárcel -Urralburu y Matas-, otro fue indultado (Hormaechea) y un cuarto sigue con causas pendientes (Olivas). Además, cuando sus expedientes llegaron al Tribunal Supremodos vieron reducida su pena (Urralburu y Hormaechea) y para otros dos (Matas y Marco) el alto tribunal confirmó las sentencias precedentes.

Gabriel Urralburu (PSOE, Navarra):presidió el Gobierno de Navarra entre 1984 y 1991. En 1998 fue condenado a 11 años de prisión por su papel en una trama de cobro de comisiones millonarias a empresas constructoras por la adjudicación de obras públicas. Pasó menos de un año en prisión. En 2001 el Supremo le redujo la sentencia de once a cuatro años.

Juan Hormaechea (Cantabria, 1987-1990): el exgobernante de Alianza Popular por la comunidad cántabra fue condenado a seis años de cárcel en 1994 por delitos de malversación y prevaricación. Hormaechea no llegó a pisar la institución penitenciaria, dado que fue indultado por Felipe González en 1995.

José Marco (Aragón, 1993-1995): El socialista José Marco se vio envuelto en un escándalo en 1998 tras ser acusado de apropiarse de un sillón de cuero pagado por la Diputación de Zaragoza para su uso personal. Fue condenado a 13 meses de cárcel por malversación y falsedad documental. Mucho tiempo después, en 2013, pasó de nuevo por los juzgados donde  recibió dos años de prisión por delitos contra la hacienda pública, ocurridos en los años 2004 y 2005.

José Luis Olivas (Comunidad Valenciana, 2002-2003): el breve sustituto de Eduardo Zaplana a los mandos de la Generalitat valenciana fue condenado en 2017 a un año y medio de cárcel por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros procedente de Juan Cotino. Pero lo peor para él podría estar aún por llegar. Olivas está a la espera de que se conozca la sentencia del caso Bankia, por el que la fiscalía le pide cinco años de privación de libertad como corresponsable en su salida a bolsa.

Jaume Matas (Baleares, 2003-2007): El expresidente popular de Baleares inició su larguísimo periplo judicial, que ha concluido hace apenas unos días, en marzo de 2010. De las más de 20 causas en las que llegó a sonar su nombre, cumplió nueve meses de cárcel por el caso Palma Arena. Actualmente se encuentra en prisión por su papel en el caso Noos, trama por la que fue condenado a cumplir tres años y ocho meses de cárcel.

Y los que están por llegar

Esta corta lista es susceptible de ampliarse en los próximos años habida cuenta del gran número de expresidentes autonómicos que aún tienen cuentas pendientes con la justicia, fundamentalmente del Partido Popular.

Generalitat valenciana: dos antiguos políticos del Partido Popular, Eduardo Zaplana y Francisco Camps, que juntos suman 15 años de mandatos al frente de la Generalitat valenciana, siguen aún con procesos pendientes relacionados con su función pública. Zaplana ha llegado a pasar ocho meses en prisión provisional acusado de blanqueo y delito fiscal por repatriar diez millones y medio de euros obtenidos supuestamente a través de sobornos cuando ejercía su cargo.

Comunidad de Madrid:Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González se encuentran en este momento imputados en causas judiciales por corrupción. Las dos primeras en la rama de la trama Púnica relacionada con la financiación ilegal del PP madrileño. Quien peor lo tiene es Ignacio González, al que se le imputan hechos muy graves como partícipe de las tramas Lezo y Púnica, por las que se encuentra en prisión provisional.

Región de Murcia: el exjefe del Ejecutivo popular de la Región de Murcia entre 2015 y 2017, Pedro Antonio Sánchez, se vio salpicado por la trama Púnica (quedó absuelto) y el caso Pasarelas. Precisamente, por este último asunto, la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el pasado octubre que se repita el juicio por el que Sánchez quedó absuelto, según recogía El País.

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