Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de 'los Jordis' por la indefinición del delito de sedición

  • Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a la fiscalía para que “revise sustancialmente” esta condena.
  • El delito de sedición no recoge explícitamente en su definición el recurso a la violencia o la amenaza de esta.
  • La organización también ha analizado diversas alegaciones de vulneraciones a las garantías de un juicio justo
Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya, Esteban Beltrán, Director d'Amnistía Internacional España y Daniel Joloy, Asesor legal y de políticas de Amnistía Internacional, en rueda de premsa.
Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya, Esteban Beltrán, Director d'Amnistía Internacional España y Daniel Joloy, Asesor legal y de políticas de Amnistía Internacional, en rueda de premsa para exigir la liberación de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.
SANDRA MUNTANE
La organización considera que las protestas de septiembre fueron “hechos pacíficos” y tacha de “desproporcional” la condena del Supremo.

Amnistía Internacional, que ha hecho seguimiento del proceso en contra de los 12 líderes catalanes en relación a los hechos sucedidos en Cataluña en otoño de 2017 y el referéndum del 1 de octubre, ha asegurado que la condena por sedición a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart es una “amenaza” a los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.

Las dos penas de prisión impuestas a los dos líderes de Òmnium y de la ANC y a otros siete altos cargos catalanes “son la consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición” en el Código Penal español y de la “interpretación, excesivamente amplia y peligrosa que ha hecho el Tribunal Supremo”, es por ello, que Amnistía Internacional exige la liberación de estos.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sus condenas por sedición deben ser anuladas”, ha afirmado Daniel Joloy, asesor general de Política de Amnistía Internacional, que a calificado la prisión impuesta de “desproporcionada”.

Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya, ha apuntado que “la ambigüedad de la definición de la sedición y su interpretación excesivamente amplia pone en cuestión las condenas por sedición impuestas a los dirigentes políticos catalanes”. Además, “la vaguedad” y la "falta de detalles" de la definición del delito permite que se utilice de “forma excesiva”.

Tras la observación del juicio y la lectura de la sentencia, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el tribunal vincule la gravedad del delito al hecho que la oposición al cumplimiento de una orden judicial fuera “masiva o generalizada”. Ya que aseguran que se abre la posibilidad de que “las autoridades impongan un límite ilegítimo al número de personas que pueden ejercer simultáneamente su derecho a protestar pacíficamente”.

La organización no comparte la afirmación del tribunal de que “las actuaciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 estuvieron lejos de una pacífica y legítima manifestación de protesta”, ya que aseguran que en ese caso también "se podría encasillar en este delito a todo aquel que asistió a las protestas". Y muestra cierta preocupación por la "autocensura" que puede provocar en la sociedad "por miedo a las penas condenatorias".

El delito de sedición no recoge explícitamente en su definición el recurso a la violencia o la amenaza de esta, en consecuencia, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a la fiscalía para que “reforme o revise sustancialmente” esta condena por sedición, que a su entender es una “forma de reprimir” a la sociedad ante su derecho de manifestación y reunión.

Las sentencias se hicieron públicas el 14 de octubre,y fueron condenados a penas de entre nueve años y trece años de cárcel e inhabilitación por el delito de sedición. Como apunta Amnistía Internacional, según el derecho internacional de los derechos humanos, las restricciones al derecho de reunión pacífica deben estar previstas en la ley y ser necesarias y proporcionadas para un interés público específico.

La organización también ha analizado diversas alegaciones de vulneraciones a las garantías de un juicio justo presentadas por la defensa de los acusados. Y ha indicado que la falta de acceso a cierta documentación necesaria para la defensa, y la negativa de la comparación de los vídeos con las declaraciones de los testigos, crean un clima de "inseguridad".

Adriana Ribas ha querido recordar que la fiscalía debe tener en cuenta que "la vulneración del principio de legalidad supone una vulneración sobre los derechos de los acusados".

Mostrar comentarios

Códigos Descuento