Según indica el Colegio en una nota, la Jornada, en la que participarán responsables del ente colegial y de los departamentos municipales implicados, tiene como objetivo reflexionar sobre la ordenanza y revisar su aplicación.

Tres años después de su puesta en marcha, los arquitectos han constatado que la unificación de las licencias de obras y actividades, si bien es un objetivo positivo, "en la práctica ha desembocado en un bloqueo porque las estructuras administrativas no se han unificado también, y en consecuencia el proceso no da los resultados esperados, con lo que se causa graves perjuicios a los profesionales y empresas".

El propósito de esta jornada es "revisar la aplicación de la ordenanza en estos tres primeros años y sus efectos, tanto los positivos como otros que a la luz de la experiencia está claro que hay que corregir", para lo que el COAS desea aporta a la sociedad y las administraciones públicas la capacidad profesional de los arquitectos colegiados de Sevilla.

Las sesiones contarán además con las aportaciones de los responsables y gestores de los servicios municipales implicados, como la Gerencia de Urbanismo y el Servicio de Protección Ambiental.

El contenido de la jornada "responderá a las inquietudes que se han ido recogiendo en la esfera colegial, con el objetivo último de atender a los intereses profesionales para que los arquitectos puedan realizar correctamente su trabajo, pero también y de forma prioritaria a los intereses generales de la ciudad, de modo que las normas municipales ayuden a fomentar y mantener la actividad económica".

En este sentido, el Colegio de Arquitectos de Sevilla estima que la unificación de los procedimientos debe completarse con la integración también de las estructuras administrativas.

Esta iniciativa lleva tiempo madurándose en la agenda del Colegio de Arquitectos, que ha seguido de cerca la aplicación de esta normativa. En 2012 se aprobó la primera Ordenanza que, aplicando la nueva legislación, sustituyó el procedimiento de control previo de licencias y autorizaciones por la presentación de una Declaración Responsable de cumplimiento de la legalidad, que permite iniciar una actividad sin esperar resolución expresa.

Ha explicado que este mecanismo de control "más flexible", ideado como forma de permitir "un mayor dinamismo económico y eliminar trabas injustificadas, dio buenos resultados en cuanto que ha permitido la puesta en marcha de numerosas actividades de una forma más ágil que con la anterior normativa".

Ha apuntado que en 2013 "el Ayuntamiento constató que estos objetivos se veían dificultados por la duplicidad entre obras y actividad, por lo que reformó la ordenanza para unificar en un solo procedimiento la tramitación de ambas autorizaciones, integrando la regulación urbanística y la medioambiental, de modo que en principio se simplificaban los procedimientos".

Sin embargo, apunta que "cuando es preciso obtener de manera conjunta las autorizaciones de obras y las necesarias para la implantación de una actividad, todo el proceso puede quedar bloqueado al no cumplirse unos plazos razonables para la emisión de las resoluciones administrativas, provocando la dilación injustificada de la ejecución e implantación de la actividad económica".

QUEJAS DE LOS ARQUITECTOS

De este modo, lamenta que "tanto los promotores que toman la iniciativa de abrir un negocio o empresa, como los profesionales arquitectos y los constructores que deben dirigir y ejecutar las obras, se ven imposibilitados para empezar sus trabajos por no poder obtener esas autorizaciones de carácter medioambiental, que distintos de las obras y podrían tramitarse después si no fuera porque la Ordenanza de 2013 liga ambos permisos de forma inseparable".

A su juicio, esta situación "está causando graves perjuicios a los profesionales, y en nuestro caso el Colegio ha recibido quejas y observaciones de numerosos arquitectos, que se ven atrapados entre los intereses y necesidades de sus clientes y las trabas burocráticas que bloquean los proyectos". Asimismo, el Colegio de Arquitectos tiene constancia de que otros profesionales y agentes del sector comparten estas quejas.

Para conocer con detalle la situación, el Colegio de Arquitectos realizó una encuesta entre sus colegiados, que se entregó a finales de 2014 al anterior Gobierno municipal y posteriormente se ha entregado también al que inició su mandato tras las elecciones de 2015.

En esa encuesta el 71,51 por ciento de los arquitectos dice por experiencia que no se cumplen los plazos, mientras el 67 por ciento opina que no es ágil el acceso para aclarar los procedimientos, y el 65 por ciento cree que en realidad ambos procesos, Obras y Calificación Ambiental, no están integrados.

En el mismo sentido, sólo un 9,68 por ciento cree que se han eliminado las duplicidades, mientras el 25,84 por ciento dice que no, y el 43,01 por ciento que sólo algunas.