Hablamos del inmueble correspondiente al número 12 del Patio de Banderas, un edificio del siglo XVIII abarcado por el plan especial de protección del sector del conjunto histórico de Sevilla relativo al Real Alcázar.

Esta construcción, que cuenta con una protección parcial de tipo C en grado uno, está además afectada por los entornos de protección de la antigua muralla islámica y del antiguo hospital de los Venerables, figurando además en la delimitación de la protección de bien de interés cultural (BIC) de la que goza el recinto de los Reales Alcázares, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987.

El edificio, de hecho, está adosado a la muralla del Real Alcázar en su parte posterior e incorpora una de las torres de la muralla que rodea al recinto palaciego.

En ese sentido, y según la documentación recogida por Europa Press, después de que en abril de 2013 la Gerencia de Urbanismo ordenase medidas de conservación en este edificio de propiedad estatal, en diciembre de ese año, abril de 2014 y enero de 2015, se habría constatado "que las medidas de conservación ordenadas no se habían iniciado" pese a que "continuaban siendo necesarias".

Y es que entre otros aspectos, "los muros de carga del edificio están afectados por humedades de capilaridad en la planta baja", toda vez que "en el muro perpendicular de la caja de escalera principal se aprecian fisuras y grietas de separación del paño de muralla", lo que "indica un posible movimiento de asiento, afectando a la estructura vertical de esta zona de la edificación".

EL ACUERDO DE 2018

Al respecto, ante la no ejecución de las medidas ordenadas en 2013, la Gerencia de Urbanismo y la Dirección de Patrimonio del Estado acordaban en 2018 que la primera de estas entidades acometiese las obras de conservación y seguridad necesarias en esta construcción, de manera subsidiaria, para que los costes fuesen finalmente cargados a la Administración estatal.

A partir de ahí, la Gerencia de Urbanismo adjudicó dichos trabajos de conservación a la empresa Grucal Infraestructuras por un importe total de 157.356 euros, si bien según un acuerdo adoptado en primavera de este año por el consejo de gobierno de la Gerencia, "encontrándose en ejecución las obras", un informe del 2 de abril reflejaría que "desde la última semana de enero de 2019, la empresa adjudicataria no ha ejecutado trabajo alguno en el presente mes de marzo", lo que "ratifica y amplía el incumplimiento de la programación de obras" pese a los requerimientos de "retomar de forma inmediata los trabajos".

Grucal Infraestructuras, recordémoslo, afronta una anunciada demanda de declaración de concurso necesario de acreedores por deudas por valor de más de 2,6 millones de euros.

Y aunque el pasado 18 de septiembre la Gerencia de Urbanismo accedía a la petición de la empresa para una ampliación del plazo de ejecución de las obras, fijando el 31 de diciembre de este año "como nueva fecha para la finalización" de los trabajos contratados, finalmente este pasado miércoles dicho departamento acordaba "iniciar de oficio un expediente para la resolución" del contrato en cuestión tras constatar que las obras seguirían paralizadas.