Usaban los pisos para hacer gestiones en oficinas locales de varios ayuntamientos y en la unidad de documentación de extranjeros de la Policía Nacional, además de para amañar matrimonios fraudulentos con personas extranjeras, ha explicado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.
También ha detallado que en un contrato de alquiler se había usurpado la identidad de una persona, y que el empadronamiento ficticio tenía el objetivo de poder gestionar diversos expedientes administrativos.
Los investigadores consideran que dos personas de nacionalidad española, que regentaban la inmobiliaria que ha quedado desmantelada, se encargaban de asesorar y dar forma legal al entramado criminal.
La Policía ha detenido a cinco personas en Cambrils y otras siete en Málaga -seis de ellos son españoles, dos nigerianos, un dominicano, un portugués y un rumano- y prevé al menos seis detenciones más por los mismos hechos.
Todos los detenidos han quedado en libertad con cargos y se les imputan delitos de falsedad documental, a un detenido también se le investiga por usurpación de estado civil y estafa, y a otros cinco por favorecimiento de la inmigración ilegal.
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