Desde el Defensor del Pueblo Andaluz se indica que el objetivo del expediente abierto es "conocer con exactitud la gravedad del problema expuesto, así como, conocer qué solución es la que se va a dar al problema que se ha planteado y en qué espacio temporal se prevé que pueda estar solucionado".

También se apunta que ya se han dirigido a la Consejería de Educación y Deporte para solicitarle el preceptivo informe. Añaden que según la información a la que han accedido por los medios de comunicación "la empresa avisó a la Administración educativa con cinco días de antelación a la suspensión efectiva del servicio, si bien a los padres y madres no se les informó de que sus hijos e hijas no iban a poder hacer uso del comedor hasta el día inmediatamente anterior a que esto ocurriera".

Recoge que la Consejería de Educación ha tratado de buscar una solución a este problema, pasando ello por ofrecer a otras empresas del sector que se hagan cargo del servicio, si bien ninguna de ellas han aceptado la oferta debido a las condiciones en las que tendrían que asumirlo, "lo que pasaría por hacerse responsable de la deuda que mantiene la empresa hasta ahora adjudicataria con la Seguridad Social (330.000 euros), e integrar en sus plantillas a sus 125 trabajadores y trabajadoras".

Otra de las soluciones barajadas es la denominada aulas de espera, que serían atendidas por monitores especializados en Educación Infantil y Atención a Personas en Situación de Dependencia, "lo que permitirán a los padres y madres trabajadores tener garantizada la atención asistencial de los menores".

"Pero aún recociendo la indudable voluntad de la Administración autonómica de resolver el problema, lo cierto es que no parece que la solución vaya a aparecer a corto plazo, además de haberse puesto de manifiesto la inexistencia de los mecanismos que resultarían necesarios para dar la respuesta inmediata que una situación como la que ha ocurrido requiere", de ahí que el Defensor del Pueblo Andaluz haya optado por actuar de oficio.