La Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado este lunes, con los votos del PP y Ciudadanos, las peticiones de comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), y los expresidentes populares Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido en la comisión de investigación de Avalmadrid.
Según fuentes parlamentarias, de las 393 peticiones de comparecencia registradas por los grupos se han calificado en torno a 250, y entre las que no han superado el trámite están las de Díaz Ayuso y los expresidentes del período que va de 2007 a 2018, que habían coincidido en solicitar PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.
En todos estos casos, el PP y Ciudadanos han votado a favor de tumbar las propuestas, Vox se ha abstenido y el PSOE ha votado en contra, han señalado a Efe fuentes socialistas. La Mesa de la Asamblea tiene dos miembros del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos y uno de Vox.
Las fuentes del PSOE han apuntado que el PP y Ciudadanos han alegado que "no es el momento procesal" oportuno para llamar a Díaz Ayuso y los demás expresidentes, y que prefieren esperar a que haya pruebas firmes de su relación con posibles irregularidades en Avalmadrid.
En principio, los trabajos de la comisión se prolongarán hasta diciembre de 2020, aunque cabe la opción de prorrogarla, y fuentes parlamentarias han indicado que en el futuro cabría la posibilidad de volver a tramitar las peticiones referidas a Díaz Ayuso y los demás expresidentes.
Un aval a una empresa participada por el padre de Ayuso
La comisión de Avalmadrid, creada a propuesta del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, fiscalizará los avales concedidos por la entidad semipública a empresas entre 2007 y 2018, entre ellos, el concedido en 2011 por valor de 400.000 euros una empresa en la que tenía participación el padre de Díaz Ayuso, que nunca fue devuelto en su totalidad.
Avalmadrid es una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter semipúblico en la que la Comunidad de Madrid, con un 26,14 % del capital suscrito, es la principal accionista. Está supeditada a la supervisión administrativa del Banco de España, que tras la realización de dos inspecciones, en 2012 y en 2016-2017, y la apertura del expediente sancionador por las irregularidades detectadas en la concesión de avales a empresas.
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