El Ayuntamiento de Burgos rompe el convenio de seguridad de la Junta y pide una nueva negociación

La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpinterio, ha anunciado este viernes la finalización del convenio existente con la Junta de Castilla y León desde 2005 en materia de seguridad, protección civil y emergencias y ha solicitado una nueva negociación, al considerar que ha estado marcado por los incumplimientos sistemáticos.
Blanca Carpintero, Concejal De Seguridad Ciudadana Del Ayuntamiento De Burgos.
Blanca Carpintero, Concejal De Seguridad Ciudadana Del Ayuntamiento De Burgos.
EUROPA PRESS.

En concreto, ha asegurado que el convenio, que se renovaba anualmente de forma tácita, no se ha llegado a materializar en ningún momento en su totalidad y ha abogado por iniciar una nueva negociación con el Gobierno autonómico, que conlleve la correspondiente partida presupuestaria por prestación de servicios.

Carpintero ha explicado que el convenio fue firmado en 2005 por el entonces alcalde, el 'popular' Juan Carlos Aparicio, y contempla, entre otras cuestiones, que la Policía Local ejerza de agente administrativo y gubernativo en actos o disposiciones de la Comunidad.

La edil ha explicado que el documento otorga al Cuerpo de la Policía Local "casi" las competencias de una policía autonómica, ya que a través de él también se pone a disposición del Ejecutivo autonómico a agentes de segunda actividad para la vigilancia de edificios e instalaciones de propiedad de la Junta.

Todo, tal y como ha remarcado Blanca Carpintero, con el consiguiente coste que ello conlleva y que tienen que sufragar los burgaleses a través de sus impuestos, ya que la disposición económica del convenio nunca se ha materializado.

En este sentido, ha explicado que el documento estipulaba en sus inicios que la Junta abonaría al Ayuntamiento de Burgos la cantidad de 200.000 euros para compensar la prestación de dichos servicios y la actualización de medios materiales, entre ellos la adquisición de nuevos vehículos policiales y un sistema de videovigilancia.

Entonces, y en concepto de adelanto, el Gobierno autonómico ingresó al Consistorio burgalés 20.000 euros pero no realizó posteriormente ningún ingreso más, por lo que le adeuda 180.000 euros desde hace catorce años.

Ante esta tesitura, y dado el "desconocimiento" que ha existido en torno al convenio durante los mandatos del Partido Popular, la concejal de Seguridad Ciudadana ha explicado que el equipo de Gobierno local ha decidido denunciar el acuerdo y emplazar a la Junta a una nueva negociación para garantizar la seguridad y que los medios sean sufragados por el Gobierno autonómico.

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