El Pleno aprueba extraer 5,3 millones de las cuentas ante la condena por las expropiaciones del paseo marítimo

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este jueves con el voto a favor del PP una modificación presupuestaria de aprobación de 5.324.524,76 euros del presupuesto de 2019 para hacer frente a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenan al Consistorio al pago de casi 30 millones de euros por las indemnizaciones de las expropiaciones para prolongar el paseo marítimo más intereses y costas.
Pleno del Ayuntamiento de Almería
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AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

El acuerdo, que ha contado con el voto en contra de Podemos y Cs así como con la abstención del PSOE y Vox, permitirá al Consistorio contar con un fondo para formular un primer pago con el que cubrir una de las indemnizaciones, de 2,33 millones de euros, y parte de la otra de 17 millones, si bien el equipo de gobierno ha recordado que se ha solicitado un fraccionamiento para poder enfrentar la cuantía global.

La medida ha sido duramente criticada por los grupos de la oposición, los cuales, por un lado, ha afeado la gestión municipal durante la negociación de las expropiaciones con las empresas propietarias de los suelos, mientras que, por otro lado, han llamado la atención sobre las partidas a las que se ha recurrido para reunir la cifra, entre las que se encuentra una de un millón de euros comprometida por el propio alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP) para mejorar los salarios de las casi 600 trabajadoras de la dependencia.

En este sentido, y ante la propia asistencia de representantes del colectivo de trabajadoras, el primer edil almeriense ha defendido su medida de mejorar con aportaciones propias hasta los 1.000 euros los sueldos "con el voto en contra" de PSOE y Cs -según ha enfatizado- pese a que el expediente de contratación haya sido recurrido por la patronal de las empresas de servicio a domicilio, lo que lo mantiene "paralizado".

"No fue palabrería, es un compromiso publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea", ha recalcado Fernández-Pacheco, quien ha lamentado la "mala suerte" de que el pliego fuera recurrido "aquí y no en otras ciudades", ante lo que el Consistorio ha emprendido la "vía judicial" para defender el modelo de pliego.

Así, ha retado a los ediles de Podemos, Cs y PSOE, a los que ha criticado su "demagogia elevada a la máxima potencia" a que a que le aporten una solución para ver "cómo les doy ese millón de euros a estas señoras". "Que me digan la forma legal, les reto a decirme cómo tengo que hacerlo, porque saben más que los técnicos del ayuntamiento", les ha espetado antes de asegurar que su compromiso por mejorar los salarios fijados por la Junta es "inamovible". "RESPONSABILIDAD POLÍTICA"

Los grupos municipales de la oposición han reiterado la "mala" y "nefasta gestión" del equipo de gobierno ante este caso, tanto a la hora de afrontar las negociaciones con los propietarios de los terrenos, dado que inicialmente estos realizaron oferta "significativamente menores" a los casi 18 millones de euros en los que se ha tasado el terreno o estaban dispuestos a realizar una permuta; como a la hora de defender los intereses municipales en el ámbito judicial tras haber sido codemandados ante los criterios de fijación del justiprecio.

"¿Alguien va a asumir la responsabilidad política?", se ha cuestionado al respecto el portavoz del grupo municipal de Vox, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha anunciado que se solicitará un informe sobre la actuación del Consistorio toda vez que se ha interesado por la "responsabilidad para el técnico" municipal que redactó la propuesta inicial así como por conocer los motivos por los que el Ayuntamiento "no presentó contestación a la demanda", lo que para él es "achacable a la dejación de funciones".

De la Blanca se ha mostrado incluso de acuerdo a lo expuesto por la portavoz municipal de Podemos, Carmen Mateos, quien ha lamentado que quienes "terminan pagando el pato" son los ciudadanos en los que repercute la modificación presupuestaria, dado que afecta también al servicio de basuras, la limpieza urbana, el mantenimiento de parques y jardines o los planes de movilidad como el prometido servicio de bicicletas mediante detracciones "con cargo al Edusi", ante lo que ha expresado además sus dudas ante su "legalidad".

También el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, ha criticado que el Ayuntamiento haya optado por "pasar el platillo" por las áreas municipales para recaudar la cuantía de parte de la sentencia derivada de una "decisión política" ante la que "no asume responsabilidades nadie". "Debería de haber un sistema en el que se encendieran las luces rojas cuando le damos a unos señores el cuatro por ciento de lo que piden", ha manifestado.

EL FALLO "HIPOTECA EL FUTURO" DE ALMERÍA

Para el PSOE, el fallo judicial "hipoteca el futuro de las inversiones de la ciudad" puesto que son "30 millones de euros" los que se han destina a actuaciones en "los dos últimos años", aunque "no se han ejecutado, lo que es otra característica del equipo de gobierno, que no trabaja mucho".

El edil socialista Pedro Díaz ha criticado la decisiones adoptadas por los sucesivos gobiernos del PP, desde haber pasado "año y medio sin contestar a la demanda" para personarse "en el trámite de conclusiones" hasta haber "cambiado de criterio" ante la permuta negociada por el entonces edil independiente de Urbanismo Juan Megino con la llegada al Área de Pablo Venzal (PP).

"Nos costó cuatro meses acceder al expediente porque no había nada más que trabas y trabas", ha asegurado Díaz en relación a la acción del exedil Miguel Ángel Castellón y la actual responsable, Ana Martínez Labella. "El cuerpo nos pide votar en contra, pero como se trata de sentencia judicial y hay que pagarla, nos vamos a abstener", ha añadido.

Ante todas estas críticas, el concejal de Hacienda, Juan José Alonso, ha asegurado que "nunca se recibió el emplazamiento para contestar a esa demanda" que se interpuso principalmente contra la comisión de valoración de la Junta de Andalucía, que avaló las hojas de aprecio de los técnicos municipales. "Al Ayuntamiento no se le puede achacar nada, no hay ni una sola negligencia", ha dicho en varias ocasiones antes de incidir en que de los "72 millones de euros" que se pedían inicialmente, "se han quedado en 26".

"Los servicios básicos que se prestan en la ciudad no se van a haber afectados en absoluto. Tenemos un colchón holgado para poder hacer frente al pago de la sentencia", ha añadido Alonso, quien ha indicado, con respecto a las trabajadoras de la ayuda a domicilio que "su financiación proviene de la Administración autonómica", de modo que "fue el PSOE quien puso el precio de 13 euros la hora" mientras que el Ayuntamiento "puso un dinero para aumentarles el sueldo".

Con esto, ha añadido que el gobierno local va a realizar gestiones para solicitar la Junta que mejore las retribuciones de las trabajadoras de la dependencia, para las que, en los presupuestos de 2020, se "va a volver a consignar" una partida con la que "complementar el precio" de su salario como parte del "compromiso" del alcalde.

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