En la provincia se han abierto este año cinco Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de los que dos afectan directamente a empresas del sector de la construcción y los otros tres a empresas relacionadas con él, una de carpintería, otra de ferralla y una última de jardinería.

Entre todos se han visto perjudicados 120 trabajadores, un 1,22% del total de desempleados, por lo que Herrera ha calificado como "fraudulenta" la forma en la que muchos empresarios están llevando a cabo los despidos.

La construcción de VPO en los municipios de más de 20.000 habitantes y una política de rehabilitación de viviendas que cumpliesen con criterios de eficiencia energética permitirían mantener la actividad del sector para que se produjera un reajuste lo "menos dañino posible", asegura Herrera.

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