En un comunicado, la Cancillería mexicana dijo que el ajusticiamiento se realizó "en claro desacato" a una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La muerte de Medellín ha preocupado al Gobierno de México "por el precedente que pueda sentar para los derechos" de los mexicanos que puedan ser detenidos en ese país.

El 16 de julio pasado la CIJ ordenó a EE UU "tomar todas las medidas necesarias" para evitar la ejecución hasta que se revisara y reconsiderara la condena, como lo ordenó en el 2004 esta misma Corte en su fallo en el caso Avena, que incluye a 51 presos mexicanos condenados a muerte, entre ellos Medellín.

Irregularidades en el proceso

La resolución de la CIJ reconoció que las autoridades de Texas nunca informaron a Medellín sobre el derecho a que su detención fuese notificada al consulado de México, "en franca violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares", recordó la Cancillería.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que la importancia fundamental del caso reside en el respeto al derecho al acceso a la protección que brindan sus consulados a los mexicanos en el exterior.

El Gobierno de México "continuará insistiendo en la obligación de Estados Unidos de otorgar la revisión y reconsideración de las condenas de pena de muerte" de los otros 50 mexicanos cubiertos por el fallo Avena.

Por otra parte, en Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Estados Unidos, los familiares de Medellín están consternados porque esperaban que la ejecución se aplazara para que fuera revisado el caso.

Medellín, de 33 años, fue condenado a muerte en 1994 por la violación y asesinato de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña.