«La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues ya está». Con estas dos frases, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho este miércoles más daño a su campaña del que hasta ahora le han infligido sus rivales. Las ha pronunciado a primera hora en en una entrevista en RNE, donde se le ha preguntado cómo va a cumplir su promesa de traer a Carles Puigdemont de vuelta a España. «Ya lo estamos haciendo», ha contestado, en alusión a la petición de entrega que, junto al juez Pablo Llarena, ha cursado la Fiscalía. 

Y «¿de quién depende la Fiscalía?», ha preguntado y el entrevistador ha respondido que «del Gobierno». «Pues ya está», ha remachado Sánchez, que ha terminado as así de sugerir que el Ejecutivo controla la Fiscalía General del Estado.

No han tardado en arreciaron las criticas de los fiscales, incluida la propia Fiscalía General del Estado, que en un corto comunicado ha dejado claro que, como en todas las demás, «todas las actuaciones» de la causa contra el procés «se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal». 

Además de este desmentido de la Fiscalía, las palabras de Sánchez han tensionado su campaña como no lo había hecho ningún otro asunto hasta ahora y podrían persuadir al juez belga que estudia el caso de no dar luz verde a la entrega de Puigdemont.

La tensión en la campaña de Sánchez se ha hecho evidente con el PSOEy Moncloa coordinados para difundir horas después un tuit de rectificación. «La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general», ha puntualizado el presidente en funciones. Para eliminar la sombra de injerencia, ha garantizado que «trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad». Se refería a Puigdemont, al que ha llamado «prófugo de la justicia». Éste le ha respondido por Twitter para recordarle que no lo es, que está en «libertad sin fianza». 

No se ha visto muy preocupado por esta cuestión a Puigdemont y tampoco a sus abogados españoles, que han ironizado con «el lío con el Estado de Derecho» de Sánchez y su intento de «fichar» por el equipo de la defensa del expresident.

Calvo y el PSC

Ante la polémica que se ha creado, la vicepresidenta y el PSC también han intentado arreglar el desaguisado. «¿El fiscal o la fiscal general del Estado, quién lo nombra, según dice el artículo 124 de la Constitución? El Gobierno», ha dicho Carmen Calvo, que incluso dijo que Sánchez «ha hecho muy bien por recordarlo, porque [el nombramiento] es una de las funciones como presidente del Ejecutivo». El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha hablado de «malentendido» en nombre de los socialistas catalanes. Según ha dicho, Sánchez hablaba como «representante del Estado», no del Gobierno.

La Fiscalía es una institución jerárquica que encabeza la Fiscal General del Estado, María José Segarra, nombrada por el Gobierno. Los fiscales no ocultan que dependen de sus superiores pero defienden su autonomía, lo que no evita la sospecha de injerencia del Gobierno de turno ante cada decisión importante. Hoy suelen tener que ver con Cataluña, donde el Gobierno presumió de no influir cuando la Fiscalía acusó de rebelión en el juicio del procés y la Abogacía del Estado, que sí depende de Justicia, lo hizo por sedición.

Este miércoles, la Asociación de Fiscales ha dicho que la Fiscalía es «independiente y solo depende de la legalidad» y ha «lamentado» el «desconocimiento de sus funciones» por parte de Sánchez. La Unión Progresista de Fiscales también ha saltado para defender que «el Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno y no puede dar órdenes, que quede claro».

Beneficioso para Puigdemont

Además, con sus declaraciones Sánchez podría entorpecer la entrega de Puigdemont porque podrían ser utilizadas por su abogado para convencer al juez de que la justicia española está politizada. 

El juez belga ha retrasado su decisión hasta el 16 de diciembre, para dar tiempo a la defensa a presentar alegaciones. El año pasado, en un proceso similar, ya alegó desde torturas en cárceles españolas a motivaciones políticas. En línea con esto, el presidente catalán, Quim Torra, ha acusado al presidente de, Gobierno de «hacer saltar por los aires» el sistema judicial. 

Para el PP quedan claros los beneficios para el expresident. «Las palabras de Sánchez han resultado ser el mejor alegato de la defensa de Puigdemont», ha dicho su secretario general, Teodoro García Egea.

Reino Unido rechaza entregar a la exconsellera Clara Ponsatí

El Reino Unido no entregará, al menos de momento, a la exconsellera de Educación Clara Ponsatí, fugada a Escocia. Su policía contestó ayer al juez Llarena que es «desproporcionada» la entrega por sedición, que en Reino Unido es un delito de orden público menos grave que en España. 

Por eso, las autoridades británicas emplazaron a Llarena a mandar «información relativa a la gravedad de la infracción» para reevaluar su petición.