El PP advierte del "bloqueo social" que hay en Aragón por la baja ejecución del presupuesto y la incapacidad de gestión

La diputada el Partido Popular en las Cortes de Aragón, Marian Orós, ha advertido del "bloqueo social" que sufre la Comunidad autónoma por la baja ejecución presupuestaria y la "incapacidad de gestión" del Gobierno aragonés, que hacen que los derechos reconocidos a muchas personas se queden en "derechos de papel".
Portavoz Adjunta Y Responsable De Asuntos Sociales Del Partido Popular En Las Cortes De Aragón, Marian Orós.
Portavoz Adjunta Y Responsable De Asuntos Sociales Del Partido Popular En Las Cortes De Aragón, Marian Orós.
EUROPA PRESS

En rueda de prensa, Orós ha manifestado que a pesar de que cuantitativamente el Gobierno de Aragón ha destinado más dinero a los servicios sociales y ha reducido las listas de espera, "no se ha mejorado la calidad de los servicios" porque los que se prestan son "de bajo coste".

Orós ha manifestado que así se recoge en el informe de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales en España correspondiente a 2018, que sitúa a Aragón en el noveno puesto en cuanto al desarrollo del sistema público de servicios sociales.

Ese documento otorga una nota de un 5,18 a la Comunidad, "un aprobado raspado", cuando el Ejecutivo autonómico ha dispuesto "de 2.000 millones de euros más de presupuesto", mientras que en 2013, que fue "un año difícil", la nota fue de un 5,95, es decir, "un aprobado alto", ha comentado la diputada 'popular'.

Ha agregado que la evolución de los dos últimos años ha sido de "estancamiento" y ha evidenciado que existe "un desequilibrio importante entre el coste-eficiencia, entre el gasto que realiza el Gobierno de Aragón y la cobertura efectiva que ese gasto origina".

TRAMPAS AL SOLITARIO

La diputada del PP ha asegurado que el Ejecutivo "se hace trampas al solitario" y ha puesto como ejemplo el hecho de que la cobertura de la ayuda a domicilio sea del 4,5 por ciento del total de personas con dependencia, frente a la media española del 4,2, pero en esta Comunidad se esté ofreciendo "la mitad de horas" de atención semanal, 10 frente a las 20 de la media estatal.

A su entender, eso supone que "la calidad es la mitad de la que se da en España". Por otra parte, ha apuntado que casi 6.000 personas que tienen reconocido el derecho a la dependencia, "aún no lo cobran, ni reciben ningún servicio".

La diputada también ha informado de que este curso escolar 2019-2020 todavía no se ha contratado a los más de 30 fisioterapeutas, auxiliares y enfermeros para los centros de educación especial y centros ordinarios "destinados a atender a niños que necesitan servicios auxiliares para poder ir al colegio y para poderse educar".

Ha recordado que este lunes se han manifestado las familias exigiendo "dignidad y derechos" y ha comentado que el curso pasado no se contrató a este personal hasta el mes de marzo, quienes se encargan de "ayudar a los chavales con discapacidad a educarse en igualdad e integrarse", dándose casos en los que los padres han de ir al centro a atender a su hijo porque "necesita un apoyo que el Gobierno de Aragón no está dando".

Orós ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "priorice a los más vulnerables y dé un servicio de calidad", algo que no está ocurriendo por la "incapacidad de gestionar", que es el "mayor error que está cometiendo" el Gobierno.

PRÓRROGA

La parlamentaria del PP ha precisado que la existencia de unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados ha supuesto que Aragón haya dejado de recibir once millones de euros para la atención a la dependencia y que la misma situación en el presupuesto de la Comunidad autónoma ha derivado en que "no ha habido nuevas inversiones" y el plan de residencias públicas "no ha llegado".

Ha añadido que la ejecución presupuestaria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en materia de inversiones es hasta septiembre de este año del 12 por ciento.

En concreto, ha detallado que de los 4,9 millones de euros previstos para esta finalidad solo se van a ejecutar 534.000 euros, mientras que en el caso de las transferencias de capital, de los 4,1 millones, la previsión de ejecución será de unos 1,254 millones de euros.

Según ha dicho la diputada del PP, "el cierre contable y la baja ejecución están produciendo inestabilidad y bastante desconcierto en usuarios y responsables".

DESARROLLO LEGISLATIVO

Marian Orós se ha referido a las leyes aprobadas la pasada legislatura por las Cortes de Aragón, como la de Igualdad, LGTBI, la de voluntariado o la de discapacidad, todas ellas "sin memorias económicas" porque "dicen que no son necesarios nuevos créditos", cuando para poner en marcha una ley "tiene que haber presupuesto y planificación" porque, sino, pasa a ser una "ley fantasma, que reconoce muchos derechos, pero no los hace efectivos".

En este punto, la diputada ha reclamado que el Presupuesto de Aragón para 2020 tenga una "dotación suficiente" para "poner en práctica los derechos" porque, de lo contrario, "estamos ante leyes que son un fiasco".

También ha manifestado que las leyes que se quedaron "en el tintero" la pasada legislatura son "las más importantes", la de renta social básica, la de apoyo a las familias y la de la infancia y adolescencia.

Sobre ellas, Orós ha dicho que lleva varias semanas preguntado al Gobierno de Aragón "cómo y cuándo" se van a presentar y "ni están, ni se las espera", a pesar de que hay "muchas familias" confían en esa renta básica porque el Ingreso Aragonés de Inserción "es del año 1992 y solo cubre a quienes están en riesgo de exclusión, pero no a las familias que no tiene ninguna ayuda" y que ya no pueden cobrar el paro.

La diputada del PP ha criticado que la ley de la renta social básica haya estado "cuatro años bloqueada" por el PSOE y Podemos durante su tramitación en las Cortes de Aragón.

Además, ha señalado que la ley de apoyo a las familias, dirigida a favorecer la conciliación, la natalidad e intentar "atajar el reto demográfico", "tampoco está, ni se la espera" y por eso ha pedido al Gobierno autonómico que "ponga fecha, plazos y presupuesto a las tres leyes más importantes que durante cuatro años" la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, "ha sido incapaz de sacar adelante".

Orós también ha opinado que el Gobierno de Aragón "ha cambiado mucho" desde 2015 ya que si entonces decía que "la emergencia social era el pilar y el motivo por el que no iban a hacer ni una carretera, ni una inversión, parece ser que ahora no existe y vamos a ser verdes, feministas y digitales, algo que no está mal", pero "los problemas siguen ahí y da la sensación" de que el presidente socialista Javier Lambán "mira para otro lado o no quiere verlos".

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