La Seguridad Social subasta unos antiguos juzgados de Barcelona que los vecinos piden destinar a pisos públicos

  • El edificio se encuentra en el número 41 de la Ronda Sant Pere.
  • Se subasta a un precio de 16,75 millones de euros.
  • La PAH no descarta una acción de protesta en la calle.
Un protesta frente al edificio el pasado 31 de octubre.
Un protesta frente al edificio el pasado 31 de octubre.
ACN

A pesar de que los vecinos reclaman destinar a vivienda pública el edificio del número 41 de la Ronda Sant Pere de Barcelona, que había acogido los antiguos juzgados de magistratura y que está en desuso desde que estos se trasladaron a la Ciutat de la Justícia, la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del inmueble, ha acordado subastarlo por tercera vez. La resolución se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tras conocerla, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no ha descartado acciones de protesta en la calle en los próximos días.

La subasta del inmueble, con un precio de salida de 16,75 millones de euros, se celebrará el 11 de diciembre en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona. Se trata de un edificio de oficinas compuesto por dos sótanos, planta baja y ocho plantas más, con una superficie útil de 5.296 metros cuadrados, que ya ha pasado por dos pujas, en 2017 y el año pasado. Ambas, sin embargo, quedaron desiertas.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, Lucía Delgado, ha afirmado tras tener noticia de esta tercera subasta que la denunciarán "seguro" a través de las redes sociales y que valorarán organizar una protesta en la calle.

"No entendemos que con la falta que hay de vivienda pública y para realojar temporalmente a personas desahuciadas en situación de emergencia habitacional no se utilicen todas las herramientas posibles para que haya más", ha afirmado, y ha añadido que es "básico" impulsar "medidas valientes" que busquen incrementar los pisos sociales.

Además, ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat y al Gobierno central "un censo de edificios públicos vacíos", con el objetivo de que sea posible estudiar si se podrían destinar a construir hogares para familias vulnerables.

También ha recordado que el pasado 31 de octubre, colectivos en defensa del derecho a la vivienda, entre ellos la PAH de Barcelona, agrupados en la plataforma Reallotjaments dignes ja, protestaron ante el edificio de la Ronda Sant Pere, para reclamar a las administraciones que cedan sus inmuebles en desuso. Durante la acción, alertaron de que en Barcelona hay unas 600 familias procedentes, la gran mayoría, de desahucios, que han sido realojadas indignamente en albergues o pensiones y que pueden estar en esta situación casi dos años, pues ese es el tiempo que marca la lista de espera para acceder a un piso de emergencia.

En octubre de 2018, las asociaciones vecinales del Eixample, con el apoyo de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), también pidieron paralizar la segunda subasta del edificio de los antiguos juzgados para destinarlo a vivienda pública y equipamientos.

La norma del 30% perjudica al sector inmobiliario

El número de proyectos residenciales en Barcelona disminuyó un 10 % desde enero y hasta mediados de septiembre de este año en relación al mismo periodo de 2018 debido, principalmente, a la nueva normativa del Ajuntament que obliga a destinar el 30 % de una promoción nueva a vivienda social, según un informe que ha presentado este miércoles la consultora inmobiliaria CBRE. Su directora en la capital catalana, Anna Esteban, ha augurado que en 2020 el descenso será mayor.

Desahuciados a pesar de la ayuda popular

Una concentración vecinal que ha convocado este miércoles la PAH frente al edificio del número 13 de la calle Autonomia de Barcelona para evitar el desahucio con fecha abierta de una mujer y su hijo de 18 años que vivían allí no pudo evitar que los Mossos d’Esquadra les echaran.

La portavoz de la plataforma en Barcelona, Lucía Delgado, ha celebrado, sin embargo, que finalmente se ha logrado que les realojen temporalmente en una pensión en el barrio de la Ribera, y no en Mollet del Vallès como se pretendía en un principio.

Delgado ha explicado que la mujer, Cecilia, llevaba seis meses sin poder pagar el alquiler, desde que el precio aumentó unos 300 euros.

"Una familia más en la calle mientras la administración sigue sin hacer nada", ha lamentado la PAH en Twitter.

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