Los hechos se remontan al año 2006 cuando los denunciantes contrataron los servicios jurídicos de un letrado para un juicio en el que se fijó, para ellos, indemnizaciones de entre 5.000 y 2.500 euros, más intereses.

Después de la celebración del juicio, el letrado le pasó el asunto a su compañero de despacho, el acusado, que se encargó de la ejecución de la sentencia.

En noviembre de ese año, se hizo mandamiento de pago de las citadas cantidades, que fueron entregadas al acusado, por su condición de letrado. Posteriormente, ya en 2007, también se ordenó el pago de otras cantidades.

Según Fiscalía, el abogado, a pesar de haber recibido estas cantidades de dinero, "y con la finalidad de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, se quedó en su patrimonio la indemnizaciones".