
La Audiencia Nacional no se ha pronunciado aún sobre la admisión a trámite del recurso, un texto que apunta a que la orden gubernamental que desarrolla la Ley de Propiedad Intelectual (recurrida también por este colectivo ante la Comisión Europea), la que establece el canon digital, es inconstitucional.
El recurso dice que la citada orden "establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada", el llamado canon digital, es contraria a los artículos 9, 38, 44, 51 y 52 de la Constitución y a la Ley de Propiedad Intelectual.
Mientras que en el caso de la Ley de Propiedad Intelectual la orden vulnera, siempre según el recurso, que el canon se pague de manera equitativa, en el caso de la Constitución daña principios como el de igualdad ante la ley, la libertad de empresa, el libre acceso a la cultura y la ciencia o la defensa de los intereses de las organizaciones profesionales.
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