Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, había explicado a Europa Press que después de que los taxistas formulasen alegaciones a dicho borrador, fundamentalmente con el "caballo de batalla" de que los servicios de los VTC estén sujetos a un tiempo determinado de precontratación respecto al porte en sí, la Consejería de Fomento estaría "ninguneando" al sector y "jugando" con él, por ejemplo al no reunir a sus servicios jurídicos y a los de los taxistas para comprobar la "viabilidad" de las medidas propuestas en las alegaciones y lograr soluciones definitivas.

En ese sentido, fuentes de Solidaridad Hispalense del Taxi han indicado a Europa Press que coincidiendo con la protesta programada para este jueves, efectivamente celebrada, las asociaciones han recibido un correo electrónico de la Consejería de Fomento, convocando una reunión para el 15 de noviembre. No obstante, las mismas fuentes han lamentado que la Administración andaluza no haya accedido a ningún otro tipo de "comunicación".

Groso modo, el mencionado borrador de la Junta, derivado del decreto estatal de otoño de 2018, contempla la posibilidad de que los taxistas ofrezcan un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados o realizar servicios cobrando por plaza, mientras en el caso de los VTC que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify, las propuestas de la Consejería de Fomento incluyen la creación de estaciones para los mismos en el perímetro de los núcleos urbanos, para que estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios, "salvo que tengan otro servicio precontratado".

No obstante, las principales organizaciones de taxistas no comparten la idea de habilitar estaciones de VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, insistiendo en la reivindicación principal de que los servicios de los vehículos de transporte concertado estén sujetos a un "tiempo mínimo de precontratación".

LA PETICIÓN DE LOS 30 MINUTOS

A tal efecto, recordemos que las principales asociaciones de taxistas de Sevilla capital y el propio Ayuntamiento hispalense solicitaron en el pasado mandato municipal a la Junta que ciñese la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos.

Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, explicaba en ese sentido a Europa Press que la implantación de una antelación mínima para la precontratación de los VTC ya ha sido promovida en Cataluña, Baleares, Valencia, Aragón y el País Vasco.

Por eso, los taxistas de Sevilla vienen lamentando que el mencionado borrador no incluya la demanda relativa a la antelación mínima para la precontratación de los VTC, extremo contenido en las alegaciones formuladas por las asociaciones frente a la propuesta inicial de regulación de la Consejería de Fomento.

Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir continuamente en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes, capten viajeros de manera espontánea o utilicen los carriles reservados a los autobuses públicos y taxis.

INCIDENTES

Los conductores de VTC, por su parte, han denunciado no pocas situaciones de coacción o incluso daños a manos de taxistas, dando lugar a una causa judicial en toda regla que investiga tanto a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi por supuestas coacciones para acaparar la parada del aeropuerto, como a diversos taxistas a título individual.

Además de esta concentración de la Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense, otro grupo de asociaciones andaluzas de taxistas entre la que figura Élite Taxi ha aprobado por su parte un nuevo calendario de movilizaciones, con una "marcha" en coche en Sevilla el 4 de noviembre, así como movilizaciones el 6 de noviembre en Málaga y el día 8 en Córdoba, ante el "estancamiento e inoperancia" de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos" en este asunto.