Hay varios factores que estarán muy presentes en la campaña electoral que empieza formalmente esta noche. Pero entre la desafección ciudadana o la dificultad que se prevé para salir del bloqueo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha decantado este viernes por la crisis política en Cataluña para fijar una dura postura frente a la Generalitat y al independentismo. Horas antes de la pegada de carteles, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que ataca directamente a la estructura digital sobre la que se sustenta el proyecto digital de la República catalana, ha dejado claro que el Gobierno está de parte de policías y guardias civiles en contra de las protestas violentas y ha vuelto a recurrir al Tribunal Constitucional al que, como novedad, ha señalado directamente la Fiscalía para que denuncie a la Mesa del Parlament.

Todo indica que la situación en Cataluña será el factor clave que marcará la campaña electoral y que en la gestión de la crisis tras la sentencia del procés y las alternativas que presenten PSOE, PP, Ciudadanos y Vox se juegan buena parte del resultado del 10-N. Más aún cuando el independentismo ha convocado una nueva movilización el próximo 9 de noviembre, en la jornada de reflexión.

Presencia en Barcelona

Ese mismo día, Sánchez cerrará la campaña en un mitin en Barcelona, una ciudad que para entonces ya habrá visitado en cinco ocasiones en menos de mes y medio. En tres de ellas fueron mítines -la fiesta de la Rosa del PSC , otro en Llobregat y este miércoles en Viladecans- y la cuarta hasta ahora fue una visita relámpago tras el fin de semana más violento hasta la fecha para visitar la Jefatura Superior de Policía y a varios agentes heridos y hospitalizados.

Sánchez pasó por Barcelona sin reunirse con el presidente catalán, Quim Torra, su "nuevo amigo", según ironiza el presidente en funciones por sus llamadas y cartas para reunirse. Esa misma mañana, “aprovechando” que estaba en la ciudad, Torra había hecho un nuevo intento por tener una conversación con él. El presidente se la niega, dentro de una nueva estrategia de negar el pan y la sal a Torra hasta que no condenen con “contundencia” la violencia, se solidarice con los agentes policiales y reconozca a la mitad de los catalanes que no son independentistas.

Esta dureza es la que parece que va a imperar en la campaña del PSOE, a pesar de que la elaboración del programa electoral obligó a Sánchez a ser menos contundente de lo que hubiera deseado. En esta ocasión, no quería incluir en sus propuestas de política territorial la posición con la que los socialistas trataron de frenar, en vano, en 2017 la celebración del 1-O, ofreciendo un modelo territorial que reconocería la naturaleza plurinacional de España y avanzaría hacia una estructura federal. Finalmente, estas menciones aparecen gracias a las presiones de los socialistas catalanes.

Debilitar el independentismo

Esta tímida apertura ha vuelto a cerrarse este viernes con un Consejo de Ministros que, de forma más y menos explícita, ha llegado cargado de decisiones sobre Cataluña, en el sentido de debilitar al independentismo.

La más importante la ha anunciado el presidente en funciones en una entrevista a primera hora, antes llevar en mano al Consejo de Ministros real decreto ley elaborado por su equipo -no por los ministerios, como suele ser habitual- con el objetivo de cerrar el paso a toda actividad en Internet de la Generalitat desde servidores que operan fuera de la UE y que, por tanto no están sujetos a sus normas ni sometidos a su control.

“No habrá independencia offline ni online”, ha asegurado Sánchez, poco antes de dar luz verde a un real decreto que entrará en vigor el martes y que previsiblemente se llevará por delante el proyecto de República Digital Catalana, en la que Carles Puigdemont sigue siendo el presidente. También supondrá el fin del carnet de identidad que la Generalitat expide para que los catalanes puedan hacer gestiones en la Administración digital, IdentiCAT, y también podría serlo para el Tsunami Democrático, si se demuestran las sospechas de sus lazos con el Govern de Quim Torra.

Por lo que respecta al independentismo “offline” del que hablaba Sánchez, el de carne y hueso, el Gobierno ha tomado otras dos decisiones en contra a escasas horas de que empiece la campaña.

La primera es un claro espaldarazo a Policía Nacional y Guardia Civil que llega cuando los disturbios no ha terminado del todo y podrían arreciar en la manifestación convocada para la jornada de reflexión. Aunque no era necesario que pasara por el Consejo de Ministros ni es algo tan extraordinario, Sánchez ha querido poner el foco en la decisión de que la Abogacía General del Estado se hará cargo de la defensa de policías nacionales y guardias civiles que se vean inmersos en procesos penales.

Por otra parte, este viernes ha vuelto a recurrir al Tribunal Constitucional en contra de la Mesa del Parlament y su insistencia de su Mesa en celebrar un debate sobre la sentencia del Supremo contra el procés y ha actuado frente al Consejo de Estado en defensa del juicio del Supremo que terminó condenado a los responsables políticos del 1-O.

El Gobierno ha planteado un incidente de ejecución de condena después de que Ciudadanos, PSC y  PP pidieran una reconsideración a la Mesa para que no se celebre el debate, al considerar que la insistencia en hacerlo y en tramitar la decisión desoye el apercibimiento del Constitucional a la Mesa y al Govern para que se abstengan de tomar posición o decisiones sobre la Jefatura del Estado o la autodeterminación.

Además, ha pedido un informe al Consejo de Estado para impugnar la resolución en la que se apostaba por debatir sobre la sentencia que se aprobó en Pleno el 24 de octubre, que calificaba de "proceso arbitrario y sesgado" y "más propio de un sistema autoritario" el juicio del Supremo contra los responsables del 1-O.