Así lo han apuntado fuentes de la APV, que han indicado que la denegación de la suspensión cautelar supone "una buena noticia para el puerto y la comunidad portuaria, pero sobre todo para Valencia y para los barrios próximos a la ZAL" puesto que permite continuar con los planes y plazos previstos por la APV para atender las solicitudes de inversiones superiores a los 73 millones de euros planteadas por las cuatro primeras empresas que se han comprometido a instalar sedes logísticas en la zona.

También consideran que "allana" el camino para nuevas propuestas de inversión que se podrían plantear "en breve". Según las mismas fuentes, con estas inversiones "se permitirá la creación de 1.518 empleos (188 directos y 1.330 indirectos)", de acuerdo con los datos que se desprenden de las ofertas socioeconómicas de las empresas interesada.

Según la APV, Se trata de un empleo previsto, en concordancia con los puestos de trabajo que este tipo de actividad genera en otras zonas logísticas portuarias. Estas cuatro compañías aspirantes se comprometen a contratar a parados de larga duración y a personas en riesgo de exclusión social.

En todos los casos, los proyectos empresariales presentan un "fuerte componente ecológico", ya sea por la instalación de complejos sistemas de ahorro energético y plantas fotovoltaicas o por el compromiso de no contratar suministro eléctrico procedente de combustibles fósiles.