Según detallan desde el sindicato, la Seguridad Social no está aplicando este recorte en los días cotizados desde el 12 de agosto, fecha de la publicación de la sentencia del TC que declara nulo el coeficiente de parcialidad por discriminatorio por razón de sexo, al ser las mujeres las que copan las jornadas parciales.

En rueda de prensa, la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, Xisca Garí, ha señalado que la sentencia se queda "corta" al "no permitir" la retroactividad y "solo afectar a las nuevas jubilaciones o a las que aún no son firmes".

En Baleares hay 590 expedientes no firmes, en el periodo de febrero a agosto, que corresponden a personas que han trabajado a tiempo parcial en algún momento de su vida. De ellos, unos 290 se podrán beneficiar de la nueva fórmula cálculo.

Por esto, el sindicato ha animado a las personas jubiladas a reclamar porque a su juicio la sentencia del TC contradice la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece "la no limitación temporal" de los derechos de las personas afectadas por alguna discriminación.

La nueva regulación supone un incremento importante en las pensiones. Como ejemplo teórico, indican desde UGT, una persona con 20 años de cotización con una jornada parcial del 50% y una base media de cotización de 700 euros cobraría una pensión de 429,8 euros con el nuevo cálculo, frente a los 350 euros del anterior.

Según UGT, los efectos de la sentencia del TC "van a tener una importante repercusión" entre los sectores feminizados con salarios más bajos: dependencia, limpieza, sector servicios, etc. No afectará, sin embargo, a las jornadas parciales superiores al 67% de una jornada completa ni a la mayoría de las que se elevan para que lleguen a la pensión mínima.

Con esto, el sindicato pone sus servicios jurídicos a disposición de las personas jubiladas que quieran reclamar primero ante la Seguridad Social, y, como posiblemente se les negará la revisión, después ante la Justicia.

Garí ha insistido en que el sindicato no solo pide que se recalculen las pensiones actuales sino que también se reclamen los retrasos de cuatro atrás, periodo que se suele aplicar por norma general. Así, considera que el nuevo Gobierno debería promover un nuevo marco normativo para que se revisaran todas las pensiones afectadas por el coeficiente reductor de parcialidad.