La Fiscalía no pedirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que dicte una orden europea de detención y entrega contra la exconsellera Meritxell Serret ni contra la exdirigente de las CUP, Anna Gabriel, huidas de la Justicia.

Fuentes jurídicas han informado de que el Ministerio Público ha descartado solicitar al juez Llarena la euroorden contra Serret, fugada en Bélgica, porque, leída la sentencia, su responsabilidad en los hechos solo encajaría en un delito de desobediencia, pese a que también está procesada por malversación.

Sin embargo, tras un análisis exhaustivo de la resolución que condenó a nueve líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión, la Fiscalía ha cambiado su criterio.

Lo ha hecho porque con la sentencia en la mano encuentra paralelismos y similitudes con el papel que el Supremo atribuye a los exconsellers Santi Vila, Carles Mundo y Meritxell Borras, que fueron juzgados por malversación y desobediencia, pero absueltos del primero, que es el único que comporta penas privativas de libertad.

La situación de Anna Gabriel es distinta porque ella solo está procesada por desobediencia y es legalmente imposible cursar una OEDE por un delito que no lleva aparejada pena de prisión.

Se da la circunstancia de que Suiza le ha concedido a Gabriel la residencia temporal por un periodo de cinco años, que es el tiempo que tarda en prescribir el delito de desobediencia.

Eso sí, si cualquiera de ellas viniera a España serían detenidas y puestas a disposición judicial aunque luego quedarían en libertad.

Respecto a la situación del resto, la Fiscalía aun no ha tomado una decisión sobre los exconsellers Clara Ponsatí, en Escocia; Toni Comín y Lluis Puig, huidos en Bélgica; y la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, fugada en Suiza. Las situaciones son diferentes.

Comín apunta a ser el caso más claro para la Fiscalía, que le reclamará por sedición y malversación. Con Rovira será por sedición, aunque son conscientes de que con Suiza la situación no será sencilla pues allí no funciona la euroorden.

Luego están los casos más complejos a analizar. Con Puig hay dudas porque su caso es parecido al de Serret pero en Fiscalía creen que sí se podría justificar la malversación y solo falta ajustar la razones de su petición, explican las fuentes.

Y finalmente Ponsatí, pendiente de lo que resuelva el Supremo sobre el incidente de nulidad que presentará la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, condenada a 12 años de cárcel.

Su defensa pedirá al tribunal del "procés" la nulidad por un error que figura en la página 48 de la resolución cuando se señala que "retiró a los funcionarios de Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros" .

El error está en que Bassa era consellera de Trabajo pero no de Educación, cuya responsable era Clara Ponsatí.

Y ahora la Fiscalía está a la espera de que el tribunal subsane este error ante de solicitar al juez las euroordenes.