El juez belga aplaza a diciembre la decisión de entregar a Puigdemont

  • Un tribunal de Bruselas concede la prórroga que pidió el expresident hasta el 16 de diciembre.
  • La posible entrega se haría tras la petición que reactivó Llarena nada más conocerse la sentencia del procés.
  • Puigdemont sería entregado para responder por un delito de sedición, no de rebelión.
  • El gobierno advierte de que «no entenderá» que no se entregue a Puigdemont, aunque confía en la euroorden.
Puigdemont comparece en un juzgado de Bruselas.
Puigdemont comparece en un juzgado de Bruselas.
EFE

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha conseguido frenar este martes su entrega a España hasta diciembre. El tribunal de primera instancia de Bruselas que la estudia ha decidido posponer hasta el 16 de diciembre la vista en la que decidirá de si será entregado y en qué fecha. Así ha sido en respuesta a la solicitud del abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, que intentará frenarla invocando su inmunidad como miembro del Parlamento Europeo, algo que niega la propia Eurocámara, que no le permitió tomar posesión de su escaño. También empleará argumentos que ya usó en 2018, cuando la justicia belga llegó a preguntar por el respeto de los derechos fundamentales en las cárceles españolas. «En diciembre nos volveremos a poner en manos de la justicia, como siempre a trabajar con plena independencia y profesionalidad», ha dicho Puigdemont al conocer el aplazamiento.

Sin embargo, sus días en libertad y en Bélgica podrían estar contados. No es la primera vez que la justicia española pide su entrega, pero ahora se ha entrado en una nueva fase, determinada por la sentencia contra el procés que podría, esta vez sí, terminar con la vuelta de Puigdemont para ser juzgado por los mismos delitos por los que el Supremo condenó a su exvicepresidente, Oriol Junqueras, y sus exconsellers. La ministra deJusticia en funciones, Dolores Delgado, ha considerado que el fallo del Supremo «facilitará» la entrega del expresident.

(AGENCIA ATLAS)

Es la segunda vez que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pide a los tribunales belgas la entrega de Puigdemont. La diferencia con la primera es que ahora ha modificado los delitos por los que se le reclama, en línea con las condenas del Supremo. En 2017, Llarena emitió euroórdenes a Bélgica y Suiza para la pedir la entrega para ser juzgados por rebelión y malversación de Puigdemont y otros políticos huidos. También a Alemania, donde el expresidente catalán fue detenido cuando volvía en coche a Bruselas desde Finlandia. Un tribunal alemán rechazó entregarlo por rebelión y Llarena retiró las euroórdenes también en Bélgica y Suiza.

Nada más dictarse sentencia contra el procés, el magistraddo reactivó la petición de entrega de Puigdemont, en este caso, por los delitos de sedición y malversación por los que han sido condenados otros miembros de su Govern. La legislación belga también los reconoce, de manera que la reciprocidad estaría asegurada. Lo que no ha cambiado es la opinión de la Fiscalía belga, que se adhirió a la petición de entrega de Llarena en 2017, cuando la pedía por rebelión, y también a la de ahora, por sedición.

Confianza y advertencias

A pesar de que la entrega parece más cercana, el aplazamiento provocó ayer mensajes distintos en el seno del Gobierno. El de la ministra de Justicia fue de confianza en que la entrega se terminará haciendo efectiva. «Se están dando los pasos adecuados y tenemos una sentencia firme condenatoria que seguramente facilite la decisión», dijo y apuntó que la euroorden es un sistema «ágil» que «está funcionando razonablemente bien». Desde Berlín, el ministro del Interior y juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, confió «absolutamente» en ella.

En el plano político, la vicepresidenta, Carmen Calvo, avisó de que «no entenderemos que el Estado belga no reconozca la plenitud de la democracia negando que se sienten ante la Justicia». Si Puigdemont no es entregado, dijo, el Gobierno tomará las decisiones que considere oportunas en relación al Gobierno belga, lo que provocó las críticas de la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que acusó a Calvo de proferir «amenazas» que suponen «olvidar» la separación de poderes.

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