Desde la Consejería subrayan que la vacuna está recomendada para todos los mayores de 60 años, enfermos crónicos de cualquier edad y sus cuidadores, así como mujeres embarazadas, personal sanitario y de otras profesiones que también son esenciales para la comunidad, tales como policías y bomberos, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

En este sentido, se expone que la vacunación podría reducir entre un 75 y 80 por ciento las muertes que se producen como consecuencia de esta enfermedad y que anualmente se sitúan entorno a los 2.000 fallecimientos directos en España.

Canarias registró en la temporada 2018-2019 más de 1.500 hospitalizaciones relacionadas con la gripe, así como 518 casos graves, de los que 125 necesitaron ingreso en la UCI y 68 personas fallecieron. Al respecto, señaló que de los 68 fallecidos, el 89,2 por ciento no había sido vacunado.

En cuanto a la fecha elegida para el inicio de la administración de la vacuna en todos los centros de salud de Canarias sigue el acuerdo de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 12 de septiembre de este año en el que se aprobaron las recomendaciones de vacunación frente a la gripe para la temporada 2019-2020.

Además se considera que es el periodo que garantiza un suministro "adecuado" de vacuna, optimiza la efectividad de la campaña y permite adaptarse tanto al patrón epidemiológico de presentación de la infección como a las peculiaridades de la organización sanitaria en cada ámbito geográfico.

Para esta temporada se van a utilizar tres vacunas: la vacuna inactivada tetravalente dirigida a todas las personas menores de 65 años incluidas en los grupos de riesgo; la inactivada trivalente adyuvada dirigida a las personas de 65 años o más y población anciana institucionalizada con un mayor riesgo de complicaciones asociadas; y la inactivada tetravalente específicamente dirigida a las mujeres embarazadas.

Por último, apuntan que la prevención de la gripe se basa fundamentalmente en la vacunación para reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe, así como el impacto de la enfermedad en la comunidad, de ahí que está dirigida fundamentalmente a proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer la gripe, a las que pueden transmitir la enfermedad a otras que tienen un alto riesgo de complicaciones y a las que, por su ocupación, proporcionan servicios esenciales en la comunidad.