En concreto, la delegada de personal de la plantilla ha entregado este viernes en el Ayuntamiento un escrito, recogido por Europa Press, con las "quejas, preocupaciones y reivindicaciones" de la plantilla del antiguo Consorcio de Turismo de Sevilla ante la operación que afronta dicha entidad.

Y es que según un acuerdo aprobado el pasado mandato por la junta local de gobierno, recogido por Europa Press, el 21 de diciembre de 2017, la asamblea general del Consorcio de Turismo, creado con la participación del Ayuntamiento, la Diputación provincial, la Junta, la Confederación Empresarial Sevillana (CES) y la Cámara de Comercio, aprobó una "propuesta de disolución sin liquidación, mediante la cesión global de sus activos y pasivos al nuevo ente que asuma la gestión del servicio".

La causa de adoptar dicha decisión, según figura en el acuerdo, derivaba del "incumplimiento de la obligación de colaboración de los entes consorciados, a excepción del Ayuntamiento, puesta de manifiesto por la secretaria general en un informe emitido con fecha 25 de septiembre de 2014".

La disolución del Consorcio, claro está, planteaba "la necesidad de determinar cuál es el modelo de gestión idóneo para la sucesión en la gestión" de las competencias que ostenta el Consistorio en materia de turismo, apostando los técnicos por la "modalidad de gestión directa mediante la creación de una agencia publica administrativa local".

Dado el caso, en 2018 arrancaba la creación de la nueva agencia local Turismo de Sevilla, no exenta de polémica. Y es que la propuesta de estatutos de la nueva entidad, recogida por Europa Press, estipulaba que la agencia local Turismo de Sevilla contaría con un consejo rector con "consejeros determinados de forma proporcional a la representación de los grupos municipales" del Ayuntamiento, una comisión ejecutiva integrada por el presidente y "tres vocales pertenecientes al consejo rector", un gerente, y un consejo local con representación de la CES y la Cámara de Comercio, los sindicatos, "representantes del sector ciudadano y vecinal, universidades y entidades con influencia en la configuración turística, además de profesionales expertos en turismo".

Según los empresarios, el nuevo organismo había sido diseñado merced a "criterios meramente políticos, muy alejados de los técnicos y profesionales que deben regir en este tipo de organismos", toda vez que el organigrama de la agencia no les incluía en los órganos ejecutivos. El concejal de Turismo, Antonio Muñoz, señalaba al respecto que no procedía "disolver el consorcio porque el Consistorio era el único que aportaba (dinero) y crear un nuevo órgano con los mismos actores y sin garantía de aportación económica", toda vez que en una agencia local "legalmente" no cabría la presencia de los empresarios o los sindicatos en los órganos de gestión.

El pasado mes de julio, en cualquier caso, Muñoz anunciaba ya que se estaba "estudiando la viabilidad de integrar la recién creada Agencia de Turismo" en la sociedad municipal Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), gestora del palacio de exposiciones y congresos de la ciudad, toda vez que el consejo de administración de la entidad ha aprobado ya inicialmente la modificación de estatutos necesaria para tal operación.

Frente a ello, la delegada de personal del extinto Consorcio Turismo de Sevilla expone que aunque los trabajadores han sido "escasamente informados" de estas maniobras, la sustitución del Consorcio por la mencionada agencia local implicaba el traslado de la actividad y la plantilla a "un ente público sometido a derecho administrativo y consustancial con el servicio público desarrollando".

Pero en el caso de Contursa, "desarrolla una actividad mercantil muy distinta a la que venía desarrollando el Consorcio, lo que supone de facto una privatización de la actividad, así como una huida del derecho administrativo". Todo ello, sin que la plantilla cuente con "informe jurídico y económico alguno que avale dicha decisión", mientras sí pesarían "informes jurídicos que defienden y amparan la creación de la agencia".

Así, la plantilla muestra su "gran preocupación por la estabilidad de los puestos de trabajo, así como por las condiciones en las que se produciría dicha integración en Contursa", reivindicando sus derechos de "información, consulta y negociación" y avisando de "posibles movilizaciones y acciones legales".