Así lo han señalado, a través de una nota de prensa, tras avanzar el edil de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, que están trabajando en un nuevo protocolo de actuación municipal ante episodios de contaminación más restrictivo que el de carácter autonómico.

Un anuncio que hizo después de en un Consejo Sectorial de Medio Ambiente, del que había destacado como logro la presencia por primera vez de Arcelor.

La Plantaforma anticontaminación, en cambio, le ha recordado que la responsable de Medio Ambiente de la siderúrgica ya había acudido en abril de 2018 para presentar "las mismas inversiones", han recalcado desde la organización.

Sobre la ordenanza y protocolo en vigor, han remarcado que ya incluye incluso la prohibición total de uso de vehículos si se supera un nivel alto de contaminación.

La entidad, que agrupa diversos colectivos vecinales, sociales y ecologistas, ha criticado, al tiempo, diversos "incumplimientos" de las medidas de mejora de la calidad del aire aprobadas en su día.

Entre los incumplimientos "más flagrantes", según la Plataforma, están la instalación inmediata de una estación medioambiental fija en el Lauredal o en su defecto el reconocimiento de la actual móvil paraque pase a la red oficial; medida aprobada en un Pleno municipal a principios de año y que el Gobierno regional aceptó.

"Ahora se escudan en un estudio qué es para las estaciones fijas, que además de llevar más de dos años de retraso, no se espera que termine antes de finales de 2020", se han quejado.

Desde la Plataforma también han incidido en que ni Ayuntamiento ni Gobierno regional han puesto en marcha muchas de las medidas del Plan actual de Calidad del Aire de Gijón, de enero de 2017.

Como ejemplo, han citado: Estudios sobre partículas sedimentables en Puerto del Musel y zonas industriales; Videovigilancia de las instalaciones del Puerto, e industriales de Aboño y Monteana; Informes anuales sobre el impacto de la contaminación y la evolución de las enfermedades relacionadas; Actuación y restricciones al acopio de graneles sólidos y siderúrgicos; o instalación de sirenas y avisos sonoros a la población que vive en entornos industriales.

Unas actuaciones que, según la Plataforma Anticontaminación, llevan desde 2017 "paralizadas" y reivindicadas reiteradamente por esta entidad.