Carlos Fabra
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al abandonar el juzgado en 2005 por un presunto delito fiscal (ARCHIVO). ARCANO

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra la investigación judicial llevada a cabo sobre su patrimonio al entender que durante la misma se había vulnerado su derecho fundamental a la intimidad económica.

Fabra deberá pagar 3.000 euros por las costas del juicio
La sentencia de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS impone además las costas a Fabra y al resto de recurrentes, que serán de hasta 3.000 euros "en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta".

El también presidente provincial del PP en Castellón, imputado por varios delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la Administración Pública y fraude fiscal, había recurrido ante el Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que en 2005 desestimó otro recurso de súplica relacionado con la tramitación de las investigaciones practicadas desde que, en 2003, se abriera esta causa judicial.

El Supremo no considera que se haya vulnerado el derecho a la intimidad económica
Fabra, su esposa, su cuñada y sus dos hijas habían alegado que varias actuaciones realizadas durante el proceso habían lesionado el derecho fundamental a la intimidad económica que les reconoce la Constitución, como una citación de la Agencia Tributaria en 2004 y la remisión del expediente del IRPF de Fabra al fiscal jefe del TSJCV por parte de la AEAT.

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