Si se produjo, señala el auto remitido a los medios, fue "no por una incorrecta realización" de la operación, sino por una "incorrecta planificación como consecuencia de un error de diagnóstico del radiólogo".

Los magistrados confirman ahora los argumentos del archivo dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Oviedo que, el pasado mes de mayo, después de 16 meses de instrucción, había concluido que no existían evidencias de que ningún miembro del equipo sanitario denunciado hubiesen cometido una imprudencia que debiera ser castigada penalmente.

La magistrada, para argumentar el archivo que ahora ha sido confirmado por la Audiencia, no encontró probado entonces que el equipo responsable de la primera intervención dejara olvidada dentro de la cavidad torácica de la víctima dos compresas, como aseguraron los miembros de la segunda operación. En este punto, la magistrada argumentaba que al margen de las subjetivas declaraciones de los profesionales implicados en ambas cirugías, resultaban reveladoras las pruebas de imagen realizadas al paciente, seis radiografías y un TAC, señalando que en ninguna de ellas "fueron hallados restos de material quirúrgico que pudieran haberse olvidado tras la primera intervención".

La instructora admitía que aunque esas pruebas de imagen "no suponen una garantía al 100%", su valor como prueba, "frente a las interesadas declaraciones de los investigados afectados, es de una notable superioridad objetiva". En el auto se recogía asimismo que a efectos penales, "lo que resulta del todo revelador es el hecho de que, aún cuando se hubiera probado el olvido de dichas compresas en el paciente, tampoco se ha demostrado el nexo causal entre dicho olvido y la muerte".

Esta ausencia de conexión estriba en que "las citadas compresas no fueron conservadas, y que al paciente no se le practicó la autopsia clínica por parte del profesional al que competía ordenarla", que para la magistrada sería el responsable de la segunda intervención.

La Audiencia, por todo lo anterior, confirma el Auto de Sobreseimiento, contra el que no cabe recurso, "dado que no está suficientemente justificada la perpetración del hecho delictivo origen de la causa" y considera que "es obligada y correcta la decisión de sobreseer provisionalmente y archivarla, no siendo procedente su continuación, con los consiguientes perjuicios económicos y personales que conllevaría para los investigados, pena de banquillos, cuando existe, como es el caso, un pronóstico fundado de inviabilidad de condena por insuficiencia del material probatorio con que se cuenta".

Además, la Sección Tercera deja abierta la posibilidad a que la familia del paciente fallecido puede reclamar la responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, "ante la jurisdicción civil o contencioso-administrativa, que se haya podido derivar de los actos médicos que, por erróneos o incorrectos, hayan producido el luctuoso resultado de la muerte de su familiar".