Los comerciantes afectados del Centro Comercial Gran Vía de Vigo sobre el que pesan tres sentencias firmes de ilegalidad han reclamado hoy la intervención de la Fiscalía para que investigue las condiciones contractuales con la promotora del edificio.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la plataforma sindical CIG en Vigo, dos de esos comerciantes, Gloria Vázquez y Mónica Garrido, indicaron que cuando firmaron sus respectivos contratos de alquiler con la promotora ING desconocían la ilegalidad del centro comercial y se quejaron de que nadie les informase.

Ambas mujeres pidieron a la Fiscalía que investigue "todo lo relacionado con ese centro", en concreto las condiciones contractuales del alquiler de sus tiendas. Las sentencias de ilegalidad sobre el centro le impiden traspasar el negocio, realquilarlo o cerrarlo y los contratos con la promotora tienen una duración de entre cinco y ocho años.

En el caso de Gloria Vázquez, indicó que su negocio ya está cerrado y denunció que ING le exige 200.000 euros por la rescisión del contrato. Garrido, que también pretende cerrar el negocio, señaló que no le permiten ni retirar la mercancía.

Las comerciantes afirmaron que "la falta de clientela" en el centro comercial desde que se abrió, hace ahora dos años, viene motivada por la mala gestión al no promocionar, a su juicio, el complejo, aunque sostuvieron que las informaciones sobre la ilegalidad del centro comercial han hecho mella.

En la conferencia de prensa estuvieron acompañadas por el secretario comarcal de CIG Vigo, Xerardo Abraldes, quien explicó que cuando se abrió el centro comercial se crearon 1.500 puestos de trabajo que se han visto reducidos a la mitad, se han cerrado quince locales y otros quince han solicitado el proceso de cierre.

Ése es el proceso en el que ING no les renegocia el contrato y éste continúa en vigor, con el pago del alquiler del local. Un local de 50 metros cuadrados paga unos 3.700 euros mensuales. Las comerciantes pidieron el respaldo al Ayuntamiento de Vigo para que mientras no se legaliza la situación del centro comercial les otorgue una licencia provisional para poder cerrar o alquilar sus locales.

Gloria Vázquez criticó la "cara" del consistorio por obligarles a seguir trabajando conociendo la ilegalidad del centro. Abraldes lamentó que los afectados tengan que permanecer con las puertas abiertas "por imperativo contractual" y exigió a ING "que se siente globalmente a negociar la situación de esos contratos".

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