La asociación ecologista ARCA cree que "en breve" se empezarán a mover en Cantabria

"acciones" penales contra los

alcaldes que no ejecuten las sentencias firmes de derribo, porque podrían estar incurriendo en

delito de desobediencia. Está por ver, según dice, si esas acciones partirán de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o de la propia asociación, pero lo que tienen "más que claro" es que los hechos pueden tener "relevancia penal".

Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente de la asociación,

Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, justo un día después de hacerse públicas cuatro nuevas sentencias que suponen la anulación de las licencias concedidas a

Fadesa para la construcción de

122 viviendas en el Alto del Cuco,

cuyo derribo pedirá Arca tan pronto como las sentencias sean firmes.

Según señaló Herrera, Arca está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales contra aquellos alcaldes que están "

simulando" ejecutar las sentencias de derribo pero "

no tienen intención" de llevarlas a efecto. Y es que, destacó, los propios fiscales "se dan cuenta de que la no ejecución de las sentencias de derribo es uno de los principales escollos para aplicar la normativa urbanística".

"Las sentencias firmes de derribo

deben ser ejecutadas porque esto es el sustento del estado de derecho. Lo que no puede ser es que lo que esté hoy prohibido, mañana, a través de soluciones parlamentarias o de presiones, esté permitido", recalcó el vicepresidente de Arca, quien opinó que puede tratarse de un delito de desobediencia por no ejecución de sentencia,

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