Esta mujer, que fue la primera gitana que ejerció un cargo institucional en el Gobierno, presentó una querella criminal contra estas dos personas porque le impidieron "desarrollar con normalidad" su trabajo.

"Fue un cargo de cara a la galería. No me dejaban hacer nada. Zerolo no quería que apareciese en los medios de comunicación para que no le robara protagonismo, y para ello contaba con la complicidad de Peris", aseguró la ex asesora del instituto.

Heredia, que fue fichada en 2006 por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, interpreta que esta "campaña" contra ella se debe a "los celos políticos de Zerolo, que no deja que nadie que trabaja a su lado le quite popularidad".

La demandante, que declaró estar "muy contenta" por la decisión del juzgado, espera que la justicia "aclare por qué estas personas hicieron lo que hicieron". Además, indicó que no se habría dado esta situación si se le hubiera escuchado "alguna de las tantas veces" que lo intentó, porque, ella, asegura, trató de "arreglarlo sin armar todo este ruido".

Pide 60.000 euros

En caso de ser indemnizada con los 60.000 euros que se exige en concepto de responsabilidad civil, Heredia donará "íntegramente" esta cantidad a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Por su parte, Rosa Perís, que niega estas acusaciones, ordenó el pasado febrero abrir expediente informativo a Pilar Heredia después de que ésta acusase, en un comunicado con membrete del organismo, a Zerolo de iniciar una "campaña demoledora laboral y política en contra de su persona", y a la institución de "crear un cargo vacío de cara a la galería".

"A raíz del comunicado en el que utiliza al instituto para hacer acusaciones muy graves, y las declaraciones vertidas por Pilar Heredia, la directora del Instituto de la Mujer ha dado órdenes de que se abra un expediente informativo por si los hechos fueran constitutivos de delito o infracción", señaló este organismo en un comunicado.