El PCE de Salamanca denuncia a los concejales por prevaricación

  • Consideran que hubo prevaricación en la permuta del Helmántico.
  • Proponen que los concejales ofrezcan su propio patrimonio.
  • Para el PCE, la permuta "perjudica a la ciudad y a sus ciudadanos".
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El Partido Comunista de Salamanca ha denunciado al Ayuntamiento de Salamanca por prevaricación ante la Fiscalía Anticorrupción.

Para el PCE, la aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento de la permuta con la Unión Deportiva Salamanca -el pasado 9 de julio -, tiene "indicios de delito".

Para los comunistas salmantinos "lo ocurrido no tiene nada que ver con el deporte". Y así, consideran que "el único objetivo es salvar el patrimonio de tres directivos de la UDS, ya que de otro modo Caja Duero ejecutaría los avales de la deuda del Club, quitándoles patrimonio personal".

El PCE considera que "esta decisión perjudica a la ciudad y a sus ciudadanos, ya que Salamanca va a perder una cantidad importante de terreno público (4.895 metros cuadrados) destinado a la edificabilidad de viviendas en un momento que coincide con una de las crisis del ladrillo más importante en nuestro país y especialmente en Salamanca".

Las dietas de los concejales como solución al embargo

Ante esta situación, el PCE propone "que los concejales del Ayuntamiento ofrezcan su propio patrimonio para evitar el embargo de tres personas", ya que calculan que "las dietas que van a cobrar los concejales del Ayuntamiento en esta legislatura asciende a 1,5 millones de euros. La misma cantidad que la del crédito que solicitaron esas tres personas".

Asimismo, demandan la apertura de un debate político sobre el deporte base, como la existencia de transparencia en el Ayuntamiento, para que "no se realicen maniobras que vulneran no sólo la legalidad sino la propia ética del ejercicio público".

Según afirma el PCE, en un comunicado de prensa, la denuncia podría tener como consecuencia "una condena de 7 a 10 años de inhabilitación para todos y cada uno de los concejales que votaron a favor de esta decisión", así como "una multa de 6 a 12 meses y la suspensión del cargo de seis meses a tres años", en caso de probarse que los concejales incurrieron en prevaricación y malversación.

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