El fiscal jefe de Valladolid cree que los cambios introducidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras aprobarse en el Pleno Municipal pueden constituir un delito penal y pide al juez que se abra diligencias previas para investigarlo.

La Fiscalía, que fue informada el pasado 7 de julio por el PSOE, ha tardado sólo siete días en hallar indicios de un posible delito y el caso está ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que deberá decidir si abre o no la investigación.

El PSOE ha informado que el fiscal ha asumido "la práctica totalidad de la denuncia", aunque a mayores de las peticiones socialistas la Fiscalía también ha pedido que testifiquen el alcalde, Javier León de la Riva, y el consejero de Fomento, Antonio Silván.

Los socialistas habían encontrado al menos 50 diferencias entre el Plan aprobado y el que está ahora vigente. En la mayoría de los casos ha favorecido que se construyan más casas de las permitidas o en sitios no autorizados, con cambios de plano incluidos.

De hecho, el fiscal quiere que la Policía Judicial investigue quién ha realizado las modificaciones y quien se ha beneficiado de ellos.

También ha solicitado que se tome declaración como imputado al concejal de Urbanismo en la pasada legislatura, José Antonio García de Coca.

El presidente del grupo municipal socialista, Óscar Puente, ya anunció la pasada semana en 20 minutos que el "Plan b" de urbanismo acabaría en la vía penal. 

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