“Cuando recibí la carta de desahucio, me quería morir”. Adela García Barroso, de 54 años, viuda y con dos hijos de 25 y 29 años en paro y a su cargo, se quedará sin la casa en la que vive con un contrato de alquiler de renta antigua desde hace más de 30 años en el Barrio Alto de San Juan.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una orden de desahucio basándose en que la demandada tiene «un historial abundante de retrasos» en el pago de varias mensualidades y de las cuotas de la comunidad que la propiedad no tiene porqué soportar.

Todo comenzó hace cuatro años, según Adela, unos días después de quedarse viuda. Entonces recibe una demanda de la propietaria del piso en la que se le reclaman unas deudas por retrasos en el pago del alquiler. El juez determina entonces, según un representante de la Liga de Inquilinos La Corriente, que el incumplimiento era tan leve que no procedía un desahucio y que no le iba a dar ni por enervada la acción (facultad del inquilino, una a lo largo de la vida del contrato, de pagar lo adeudado antes del día del juicio para que éste quede sin efecto).

Un tiempo después se produce otro retraso en el pago del alquiler. Y la propietaria vuelve a interponer una demanda. Adela salda la deuda antes de que se celebre el juicio, donde el juez califica otra vez el asunto como falta leve y reitera que no es pertinente iniciar un procedimiento para expulsar a Adela de la casa.

La propietaria apela y la Audiencia Provincial de Sevilla corrige el fallo, apoyándose en “un reiterado incumplimiento de pago de las rentas y de gastos comunes”, y autoriza que haga el desahucio.

Adela lleva unos días en que le cuesta conciliar el sueño: “Estoy muy nerviosa porque me puedo ver en la calle. Estoy con las carnes abiertas, sin saber lo que puede pasar. Yo gano 516 euros limpiando un piso y tengo una pensión de viudedad de 373 euros, así que como me echen de aquí no sé dónde voy a ir. He mirado un piso de alquiler y me piden 510 euros, algo que con mis ingresos y dos hijos en el paro me es imposible pagar”.

Aún así asegura que con el apoyo de la Liga de Inquilinos ha empezado a ver un poco de luz al final del túnel: "El Ayuntamiento de San Juan va a solicitar un aplazamiento en el desahucio mientras estudia la posibilidad de concederme un piso social".

“Quiso comprar el piso”

El abogado de la propietaria del inmueble defiende la sentencia de la Audiencia Provincial porque “reconoce que mi cliente no tiene porque sufrir los continuos impagos de esta señora ni es la responsable de solucionar los problemas sociales que pueda sufrir. Esta misión le corresponde a los servicios sociales públicos, así que debería hablar con Bibiana Aido o con el alcalde de San Juan. Además, la sentencia recoge que ella trabaja y que tiene dos hijos en edad de hacerlo también”.

Asegura no conocer las circunstancias económicas de Adela, pero le sorprende que “cuando la propietaria le puso la segunda demanda de desahucio, ella le hizo una oferta firme de compra del piso. Pero cuando el juez de primera instancia le dio la razón a ella, se desdijo de su oferta. Y no es cierto que los problemas hayan surgido cuando se quedó viuda, ya en vida del marido se les condenó por impago. Y no sólo es que no pagan el alquiler, es que también dejaban de pagar la comunidad y los vecinos denunciaban a mi cliente”.

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